Nacional
Nelson Shack recorrió zonas afectadas en la provincia de Sechura
Han pasado 45 días del sismo de 6.1 de magnitud que afectó a más de 23 mil personas en 38 distritos de Piura y hasta el momento no se cuenta con un plan de reconstrucción para atender los daños provocados por este fenómeno; por lo que el contralor general, Nelson Shack Yalta, durante la jornada de supervisión y despacho en esta región, recordó a las autoridades y funcionarios que esta inacción podría ocasionar sanciones administrativas.
“No pueden continuar las cosas así. Se ha informado al gobernador regional respecto a todas las acciones desplegadas por la Contraloría. Esperamos que se dupliquen o tripliquen los esfuerzos para tener la evaluación de los daños y elaborar el plan de reconstrucción. Sin el plan, la Contraloría no podrá desplegar el control concurrente”, señaló Shack Yalta.
Recordó que desde el 21 de julio último, el máximo órgano de control tiene capacidad sancionadora, la cual se enmarca en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). “Hay una conducta infractora tipificada que es por no hacer algo en periodos de emergencia como este. Los funcionarios deben ser diligentes para evitar que se siga postergando la realización de obras y servicios”, añadió.
Respecto a esta conducta que es pasible de sanción, el reglamento del PAS señala el incumplimiento funcional en situaciones de emergencia declaradas conforme a ley, que dé lugar a la falta de prestación de algún servicio o a la no entrega de un bien, subsidio monetario o prestación económica, por parte del Estado, o que, la prestación o entrega no sea oportuna; cuando éstas sean parte de las medidas establecidas para afrontar la referida emergencia.
Tras sostener una reunión con autoridades del Gobierno Regional Piura, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el titular de la Contraloría fue informado que en dos a tres semanas se tendría una versión preliminar del plan de reconstrucción.
En ese sentido, expresó que se requiere de la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno para trabajar de manera armónica y así desarrollar pronta y de manera efectiva un proceso de reconstrucción que no debería demorar más de 24 meses.
Con dicho plan, la Contraloría recién podrá desplegar el control concurrente para acompañar a los gestores. Por ello, el contralor insistió en contar con este documento técnico para tener claridad sobre las acciones de supervisión y control a ejecutar en un determinado periodo de tiempo y no repetir los errores del proceso de Reconstrucción con Cambios.
Durante su visita a la provincia de Sechura, el contralor general recorrió algunas zonas afectadas por el sismo, como el establecimiento de salud de Rinconada Llícuar, uno de los 38 distritos declarados en estado de emergencia por 60 días calendario. Este centro médico de categoría I-2 o nivel básico es muy importante para la población porque atiende a alrededor de 1000 pacientes al mes. Las instalaciones sufrieron algunos daños por el movimiento telúrico del pasado 30 de julio.
Visita a obra
Shack Yalta también se trasladó hasta los centros poblados de Parachique y La Bocana, a unos 20 minutos de la ciudad de Sechura, donde la Municipalidad Provincial ejecuta un proyecto de agua y alcantarillado de más de S/ 54 millones que beneficiará a 12 mil moradores con mejores servicios de saneamiento.
El contralor constató que los trabajos tienen un avance de solo el 15.4% cuando la obra debería culminar en marzo de 2022. Sin embargo, se han presentado problemas significativos en el expediente técnico y ello ha conllevado a deficiencias en la construcción del reservorio de agua. También se detectaron trabajos paralizados en algunos componentes del proyecto.
Las situaciones adversas han sido comunicadas oportunamente a la Municipalidad Provincial de Sechura a través de dos informes de hito de control concurrente y en las próximas semanas se emitirá un nuevo informe para que se adopten acciones correctivas y preventivas que correspondan.
En esa línea, el contralor destacó este mecanismo de control concurrente que permite acompañar a los proyectos de inversión desde el inicio, por ello invocó al Congreso de la República a aprobar una norma para que se pueda extender esta modalidad de control a todas las obras y así examinar los expedientes técnicos y no solo la ejecución, a fin de alertar oportunamente de estos problemas. “Cada atraso genera un perjuicio económico por mayores gastos generales”, agregó.
Finalmente, Shack Yalta sostuvo una reunión con los alcaldes, provincial y distritales, y regidores provinciales en la comuna sechurana, donde se comprometió a seguir desplegando el control concurrente. Además, incidió en fortalecer el Órgano de Control Institucional y mejorar la labor fiscalizadora de los concejales a través de capacitaciones. También puso énfasis en la presentación de las declaraciones juradas de conflicto de interés.
De acuerdo con el informe de emergencia del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del 9 de setiembre de 2021, el fuerte sismo dejó 5 904 damnificados y 17 375 afectados en siete de las ocho provincias de la región. También se reportaron 57 viviendas destruidas, 1773 inhabitables y 5 505 afectadas.
Datos
El contralor informó que el Mega Operativo Regional de Control de Piura tiene un avance del 20%. En las siguientes semanas se seguirán emitiendo nuevos informes sobre las distintas intervenciones a entidades públicas.
En agosto último, Nelson Shack visitó las provincias de Sullana y Paita para constatar los daños ocasionados por el fuerte sismo y verificar la atención de los damnificados en el marco del Decreto Supremo N° 146-2021-PCM.
Nacional
ONPE inicia pago de la compensación económica a miembros de mesa
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que los ciudadanos que ejercieron el cargo de miembro de mesa en las Elecciones Generales (EG) 2026, podrán cobrar, desde ayer 28 de abril la compensación económica equivalente al 3 % de una UIT (*165,00* soles).
Para este efecto, el organismo electoral ha establecido lo siguiente:
Si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa, y elegiste como modalidad de pago la billetera digital o depósito en cuenta, el pago estará disponible desde ayer. Los desembolsos que por algún motivo fueran rechazados por las instituciones bancarias podrán cobrarlo de manera presencial en el Banco de la Nación. Las denominaciones o conceptos de abono en las diferentes entidades bancarias serán los siguientes: BCP (MOVILIDAD), BBVA (A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE), Scotiabank: Tbk-pagos varios), Banco de la Nación (ABONO/CARGO POR REGULARIZACION).
Si seleccionaste la modalidad de pago presencial o fuiste un ciudadano de la cola que asumió la función de miembro de mesa, podrás cobrar en el Banco de la Nación desde el miércoles 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.
Para registrarse y recibir la compensación económica, La ONPE habilitó un enlace en el cual se tuvo que escoger una modalidad de pago, entre estas tres opciones:
-Depósito en cuenta de ahorros del Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank.
-Cobro presencial en una agencia del Banco de la Nación.
-Depósito a través de la billetera digital YAPE.
Si fuera el caso que el miembro de mesa que cumplió con ejercer el cargo no llegó a registrarse en ninguna de las tres modalidades, deberán hacer el cobro, de manera presencial, en cualquier agencia del Banco de la Nación.
Elegidos mediante sorteo público, los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa permitieron la instalación, el sufragio y el escrutinio en cada una de las mesas de sufragio durante los comicios generales.
El cargo de miembro de mesa (titular y suplente) es obligatorio e irrenunciable, salvo los casos especiales regulados por la Ley Orgánica de Elecciones (n. ° 26859). Los miembros de mesa que no asistieron recibirán una multa de S/ 275,00.
Local
Autopista del Norte obtiene la 2da estrella del Programa Huella de Carbono Perú
La empresa, que participa en el programa desde 2021, redujo 57.95 toneladas de gases contaminantes a lo largo de los más de 350 kilómetros de autopista que opera en las regiones de Lima, Áncash y La Libertad.
Autopista del Norte (Aunor), concesionaria de la Red Vial 4 (Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry – Empalme R01N), recibió la segunda estrella (Nivel 2) del Programa Huella de Carbono Perú, otorgado por el Ministerio del Ambiente, por las acciones concretas que viene implementando para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Este nivel de reconocimiento certifica además la evaluación y conformidad de los datos realizado por una empresa verificadora
El resultado es 57.95 toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) reducidas en 2024, gracias a la implementación de medidas concretas de mitigación orientadas a hacer más eficiente y sostenible su operación. Entre las principales acciones destacan la puesta en funcionamiento de 201 luminarias solares en ocho óvalos de alto tránsito, que operan íntegramente con energía solar y sin conexión a la red eléctrica (por encargo del MTC); la implementación de paneles solares en su sede de Chimbote, para reducir el consumo de energía convencional; y la incorporación de vehículos eléctricos a su flota de supervisión, lo que permitió dejar de consumir más de 5,000 galones de gasolina durante el año.
“Cada una de las iniciativas que venimos implementando para hacer más eficiente y sostenible la operación, refleja nuestro compromiso con el entorno y con las comunidades del norte del país. Este reconocimiento nos confirma que vamos por el camino correcto y nos impulsa a seguir fortaleciendo estas acciones», señaló Andrea Servellón, Líder de Sostenibilidad de Aunor.
El Programa Huella de Carbono Perú, impulsado por el Ministerio del Ambiente, permite a empresas y organizaciones medir sus emisiones y avanzar en su reducción de manera verificable, en línea con los compromisos del país frente al cambio climático. El sistema contempla cuatro niveles de reconocimiento: el primero corresponde al cálculo de la huella de carbono, mientras que el segundo exige además que la información sea revisada por un tercero independiente antes de su validación oficial. Aunor participa en esta iniciativa desde 2021, lo que refleja una trayectoria continua de gestión ambiental.
Con este reconocimiento, Aunor se alinea con los compromisos globales de sostenibilidad, en particular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas orientados a la acción climática, el desarrollo de infraestructura responsable y la mejora de la calidad de vida en las comunidades.
El siguiente paso de la empresa es seguir incorporando mejoras que permitan reducir las emisiones optimizando el uso de energías alternativas, para así avanzar hacia una autopista cada vez más eficiente y responsable con su entorno.
Nacional
9 de cada 10 peruanos creen que la transparencia ayuda a prevenir la corrupción en proyectos de inversión
En un contexto donde la corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones del país, fortalecer la transparencia y el acceso a información pública se vuelve clave para recuperar la confianza ciudadana y mejorar la aprobación social de proyectos de inversión.
El Perú enfrenta además un escenario complejo en materia de integridad pública. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, el país obtuvo 30 puntos sobre 100 y cayó al puesto 130 de 182 países evaluados, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos años.
En este contexto, un estudio nacional sobre percepciones ciudadanas realizado en el marco de la iniciativa Saber para Crecer muestra que entre el 81% y el 85% de los peruanos considera que la inversión contribuye al crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente en sectores como infraestructura, minería y pesca.
Sin embargo, ese respaldo convive con una fuerte demanda de controles y transparencia. Más del 80% de los encuestados cree que las empresas pueden recurrir con frecuencia a prácticas corruptas o poco éticas para asegurar proyectos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Frente a este escenario, 9 de cada 10 peruanos considera que una mayor transparencia sobre contratos, pagos y acuerdos con el Estado ayudaría a prevenir la corrupción en proyectos de inversión, además de facilitar que las comunidades puedan exigir responsabilidades frente a posibles impactos sociales o ambientales.
El estudio también muestra un amplio respaldo ciudadano a medidas concretas de transparencia, como la publicación de reportes ambientales, información sobre impuestos y regalías, y la difusión de contratos entre empresas y el Estado. Estos resultados reflejan que la transparencia no solo es una demanda institucional, sino una condición cada vez más importante para fortalecer la confianza pública y construir legitimidad social en torno a proyectos de desarrollo.
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