Observaciones fueron subsanadas oportunamente  

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sometió a todos sus sistemas informáticos a una auditoría integral con el fin de fortalecerlos antes de las elecciones generales del 12 abril y asegurar su correcto funcionamiento, además de su seguridad y confiabilidad. Para ello, llevó a cabo tres convocatorias públicas, abiertas a empresas nacionales e internacionales. El servicio requerido exigía experiencia acreditada en arquitectura de la información, ciberseguridad y sistemas críticos.

Como resultado de este proceso, la empresa M&T International fue seleccionada, al cumplir con todos los requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia. La contratación de la empresa se llevó a cabo observando las disposiciones legales y administrativas aplicables en materia de contrataciones, verificándose previamente que la empresa no registraba impedimento, sanción o inhabilitación vigente que restringiera su participación o contratación con entidades públicas.

El servicio fue contratado por un monto de S/ 944 000 y se ejecutó durante más de cinco meses: entre el 13 de noviembre del 2025 y el 29 de abril del 2026. La auditoría estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de once especialistas, quienes evaluaron la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema de Presentación de Resultados.

Detalles de la auditoría

Los auditores partieron por hacer un mapa de riesgos y luego realizaron numerosas pruebas técnicas para verificar si los controles establecidos evitaban que dichos riesgos se materialicen.

Las observaciones se formularon como “hallazgos” y estos fueron clasificados según su nivel de criticidad: menores, mayores o críticos. Todos los mayores y los críticos fueron resueltos, lo que fue comprobado por los auditores antes de la jornada electoral.

Las mejoras implementadas permitieron fortalecer los controles de seguridad del sistema, lo que se evidenció el 12 de abril, cuando la plataforma de presentación de resultados resistió múltiples intentos de ataque informático durante aproximadamente nueve horas. Los atacantes no consiguieron su objetivo, que era ingresar a la web para colocar textos o imágenes que pusieran en evidencia que habían vulnerado las medidas de seguridad de la ONPE.

Los intentos de ataque no comprometieron la integridad de la información, la disponibilidad del sistema ni la confiabilidad de los resultados, ni permitieron accesos no autorizados o alteraciones en la plataforma. Una de las características del sistema de cómputo electoral es que opera sobre una red aislada, sin conexión directa a internet, lo que protege los procesos críticos del escrutinio. De manera independiente, el sistema permite atender consultas a través de aplicativos.

Durante la etapa final de la auditoría, se llevó a cabo un acompañamiento técnico de la transmisión de información, así como actividades de verificación y cierre.

Ver resultados de la auditoría en informe ejecutivo: https://www.gob.pe/institucion/onpe/informes-publicaciones/8094541-informe-ejecutivo-de-los-resultados-de-la-auditoria-informatica-midp-pd-02

Jhuliana Carbonel Carbonel, candidata a diputada por Juntos por el Perú, fue detenida por, presuntamente, estar involucrada en la investigación del caso “Los Pulpos de La Victoria”, quienes se habrían dedicado a supuestos cobros de cupos y actos irregulares dentro de la Municipalidad de La Victoria.

La investigación conllevó a que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realicen el allanamiento de la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y detención a algunos funcionarios municipales. También permitió la detención preliminar por 15 días de 14 presuntos integrantes de la mencionada organización criminal.

Según las investigaciones, la banda habría operado desde el año 2023 desde el área de fiscalización del municipio, donde se organizaban operativos de recuperación de espacios públicos en zonas comerciales de Gamarra, principalmente en el Damero A y B, para luego lotizar esos espacios y venderlos nuevamente a comerciantes ambulantes.

El presunto cabecilla de la organización criminal fue identificado como Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”, tambien capturado en el operativo.

Red criminal se apropió de bienes valorizados en más de USD 25 millones. Investigación fiscal partió del homicidio de un empresario en San Isidro y de un docente en Ate, perpetrados en 2024.

El Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada logró la detención preliminar de 10 presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la apropiación ilícita y usurpación sistemática de bienes inmuebles del Estado, lavado de activos, falsificación de documentos e infiltración en instituciones públicas.

Según las investigaciones, la organización criminal operaba bajo un sofisticado esquema para tomar control de inmuebles de alto valor pertenecientes a congregaciones religiosas, cofradías, propietarios fallecidos o radicados en el extranjero, así como predios con complejidad sucesoria o registral, muchos de ellos administrados por entidades públicas.

A través de la infiltración de funcionarios en distintas entidades del Estado como el Archivo General de la Nación, Registros Públicos (SUNARP), Poder Judicial, notarías públicas e incluso entidades proveedoras de servicios, los investigados habrían construido una aparente legalidad de sus acciones a través de la falsificación de escrituras públicas, minutas, poderes y expedientes judiciales. Ello, con el fin de ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas de los inmuebles valorizados en más de USD 25 millones.

El operativo, liderado por el fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia junto a 29 fiscales de crimen organizado, se ejecutó de manera simultánea en 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad, en coordinación con efectivos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional del Perú.

Como parte de las diligencias, también se realizó la incautación con desposesión de inmuebles en 8 distritos, entre ellos una galería comercial ubicada en el Cercado de Lima, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Beneficencia de Lima.

Cabe destacar que la investigación fiscal inició tras dos homicidios en los que se identificó el uso de una misma arma de fuego. Se trata de Daniel Castillo, asesinado en San Isidro en septiembre de 2024, y Julio Pacheco, docente acribillado en octubre de 2024 en un colegio de Ate Vitarte. A partir de labores de inteligencia, investigación policial y diligencias fiscales, se hallaron elementos que vincularon ambos crímenes con esta organización criminal.