Por: Melissa Donet, directora general de CEDEPAS Norte

Cada 25 de noviembre, nos vemos en un espejo incómodo. Las cifras de violencia contra las mujeres continúan siendo una de las más altas de América Latina, reflejo que aún no logramos reducir las grandes desigualdades.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES, 2024), el 75,7 % de la población justifica la violencia contra la mujer. Por sexo, esta tolerancia alcanza el 80,8 % en hombres y el 70,9 % en mujeres, una muestra alarmante de normalización. El Ministerio del Interior reportó 225 402 denuncias por violencia familiar en 2024, concentrándose principalmente en Lima (80 483), Arequipa (16 980), Cusco (11 682) y Piura (11 204).

Ese mismo año, se registraron 10 111 denuncias por violencia sexual contra mujeres, de las cuales el 60% correspondieron a niñas y adolescentes menores de 18 años.

Estas cifras se producen en un contexto de retrocesos normativos, impulsados por un Congreso que evade la realidad del país y que, mediante leyes recientes, ha eliminado toda referencia al enfoque de género, ha desmantelado la Educación Sexual Integral y ha restringido la participación de organizaciones civiles.

Si observamos el panorama en términos de inversiones públicas, el diagnóstico es igualmente preocupante. Según un estudio del Grupo Propuesta Ciudadana (GPC, 2024), en la región La Libertad, por ejemplo, de los más de 57 millones de soles provenientes del canon en 2023, solo el 2,8 % fue destinado a acciones específicas dirigidas a mujeres y niñas.

A ello, se suma que las comisiones o instancias de género existentes en los gobiernos regionales y locales no se articulan con la planificación ni con la asignación presupuestal. Son mecanismos sin financiamiento, sostenidos únicamente por voluntades políticas y no por políticas de Estado. Todo esto evidencia que, en lugar de fortalecer la prevención, se debilitan los instrumentos esenciales para enfrentar la violencia desde su raíz.

La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni individual, es el síntoma visible de desigualdades históricas, normalizaciones de la violencia y profundas brechas estructurales. En los Andes, la Amazonía y la costa norte, las mujeres generan ingresos, garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y, al mismo tiempo, enfrentan formas de violencia que se reproducen dentro de sistemas sociales y económicos que nunca fueron diseñados para protegerlas.

La violencia no solo es física o psicológica. También es económica, política y simbólica: la que limita el derecho a decidir, restringe la movilidad, invisibiliza el trabajo productivo y niega oportunidades de liderazgo.

Frente a este panorama, CEDEPAS Norte ha asumido un compromiso firme: promover autonomía, voz y oportunidades para más de dos mil mujeres rurales, desde una perspectiva de empoderamiento y no de asistencialismo.

Nuestro trabajo se centra en fortalecer competencias y crear espacios seguros de orientación y prevención, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde el acceso a servicios y protección es limitado.

Durante los últimos años, hemos impulsado redes de mujeres emprendedoras, fomentado su participación en espacios de gobernanza local, acompañado procesos productivos liderados por ellas e incorporado el enfoque de género como eje transversal en todos nuestros proyectos.

Pero quizás el desafío más profundo es transformar las relaciones de poder en el territorio. Trabajamos en la base, en el día a día, fortaleciendo liderazgos, promoviendo masculinidades positivas y construyendo redes de apoyo y confianza. Porque una mujer con ingresos propios, con voz y con respaldo comunitario, está en mejores condiciones de romper los ciclos de violencia.

Llamamos a la acción colectiva. Reconociendo que la violencia no basta. Este 25 de noviembre es también un llamado a repensar las políticas públicas: necesitamos marcos normativos que entiendan la diversidad territorial, presupuestos que prioricen la prevención e instituciones que se acerquen a las problemáticas de las mujeres rurales.

La violencia es una herida abierta, pero también una invitación a la acción colectiva. Desde las mujeres rurales, desde sus saberes y resiliencias, emerge una fuerza transformadora. Son protagonistas del cambio, guardianas del territorio y lideresas de nuevas formas de desarrollo, más humanas, más sostenibles, más justas.

Porque construir un país sin violencia implica garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y libres para decidir.

Sin mujeres rurales seguras, respetadas y empoderadas, no habrá desarrollo ni democracia plena en el Perú.