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17 colaboradores del INPE con presunta responsabilidad por irregularidades en la prestación del servicio de alimentación en tres penales de La Libertad

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Más de un cuarto de millón de soles de perjuicio económico por hechos ocurridos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 

La Contraloría General detectó irregularidades en la ejecución del servicio de alimentación en dos establecimientos penitenciarios de Trujillo (varones – mujeres) y uno en Pacasmayo, que ocasionaron un perjuicio económico a la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por más de un cuarto de millón de soles.

Lo revisado por los auditores de esta entidad fiscalizadora superior corresponde tanto al proceso de selección para la contratación del servicio de alimentación de los internos (as), niños (as) y personal INPE que labora en los tres penales en mención, como a su ejecución contractual por 365 días (del 27 de diciembre de 2021 al 27 de diciembre de 2022).

De la documentación revisada por la comisión auditora, se evidenció que la empresa contratada para la ejecución del servicio por S/ 11.8 millones presentó el mismo personal clave (titular y reemplazante) para los dos establecimientos penitenciarios de Trujillo. Se trata del nutricionista, gastrónomo y dos representantes cuya presencia física en los penales era obligatoria y en forma diaria.

Asimismo, se evidenció que en algunas fechas y en los dos establecimientos penitenciarios de Trujillo, el contratista ingresó personal clave adicional y de remplazo sin tener en cuenta que debía acreditar documentalmente su formación académica, capacitación y experiencia mínima del cargo, de acuerdo a lo requerido en las bases integradas.

Además, la unidad vehicular ofertada por el contratista para la distribución de los víveres en los tres penales de la región La Libertad (un frigorífico con capacidad de 2 mil kilos) también fue propuesta para la ejecución del servicio de alimentación (en el mismo periodo) en los establecimientos penitenciarios de Chiclayo y Tumbes.

La comisión auditora también verificó que, durante la ejecución del servicio, el personal clave de los penales de Trujillo y Pacasmayo incumplió de manera permanente con el horario de trabajo diario para las labores propias del servicio de alimentación en los ambientes de cocina. Incluso se evidencia inasistencias, lo cual debió ser cautelado por los equipos de control de los tres establecimientos penitenciarios.

Pese a ello, el personal INPE responsable de la supervisión, evaluación y control del servicio de alimentación en estos tres penales otorgó conformidad a dicha prestación, lo que finalmente representa un perjuicio económico para la entidad de S/ 275 737 por el pago de honorarios que no correspondía e inaplicación de penalidades.

Por los hechos expuestos 17 funcionarios y servidores del INPE que entre el 27 de diciembre de 2021 y el 27 de diciembre de 2022 integraron los Equipos de Control de Alimentos en los penales de Trujillo y Pacasmayo tendrían presuntas responsabilidades civiles y/o administrativas.

Por tal motivo, el Informe de Auditoría N° 047-2023-2-5342-AC fue comunicado al director regional del INPE para el deslinde de responsabilidades que correspondan, y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio de las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados de estos informes, y de otros servicios de control, a través del Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria.

DATO:

El servicio de alimentación por S/ 11.8 millones cubría 5 979 raciones diarias por 365 días distribuidos de la siguiente forma: S/ 10.5 millones (5376 raciones) para el penal de varones de Trujillo, S/ 778 545 (395 raciones) para el penal de mujeres de Trujillo y S/ 197 100 (100 raciones) para el penal de Pacasmayo. La diferencia en soles y raciones benefició al personal INPE de los tres establecimientos penitenciarios.

 

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Capturan a presuntos involucrados en asesinato de alias ‘Fito’

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Gracias a una investigación coordinada entre inteligencia policial, escuadrón de drones y la Sección de Homicidios de la DIVINCRI Trujillo, se logró desarticular la banda criminal “Los tentáculos de Los Pulpos”, vinculada directamente al asesinato de Giancarlo Andre Cruz Neyra, alias “Fito”, en la ciudad de Trujillo.

La operación inició con la ubicación en la urbanización Cortijo Bajo del vehículo minivan de placa CBS-333, que habría sido utilizado en el hecho, donde además se hallaron tres armas de fuego tipo pistola marca Glock y placas vehiculares diversas. Continuando con las diligencias, se intervino en distintos puntos de la ciudad: la discoteca “Glow Club” en Moche y dos viviendas en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, logrando detener a tres presuntos integrantes: Yerson Smith Lima Fernández, alias “Piurano”; el menor A.D.R.V., alias “Timi”; y Edgar Raúl Carranza Pérez, alias “Chato”.

En el registro se incautaron también tres teléfonos celulares, una munición y un casquillo percutido. Gracias a esta acción se avanza simultáneamente en la investigación de otros hechos delictivos, incluido el atentado registrado el 11 de junio en la avenida España. Todos los detenidos y evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

 

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Capitán del Ejército es intervenido en Pataz por presunto cobro de coima

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Un operativo policial ejecutado en el distrito de Pataz culminó con la detención del capitán del Ejército Peruano Gary Brian Chiroque Barreno, quien es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, luego de que un empresario denunciara que le habría exigido dinero a cambio de permitirle desarrollar sus actividades sin inconvenientes.
Según el parte policial, el empresario acudió a la Policía Nacional para denunciar que el oficial le venía solicitando una importante suma de dinero para que pudiera continuar trabajando con tranquilidad en la zona. Tras recibir la denuncia, los agentes coordinaron una entrega controlada del dinero con la finalidad de verificar los hechos denunciados.
Como parte del procedimiento, la Policía registró previamente la numeración de los billetes que serían entregados al investigado, dejando constancia de ello en un acta policial. Posteriormente se coordinó el encuentro entre el denunciante y el oficial.


De acuerdo con la información consignada por los agentes, el capitán fue intervenido en el preciso momento en que presuntamente recibía el dinero. Tras la intervención, se le comunicaron los motivos de su detención y fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.
Durante las actuaciones preliminares también se revisó el teléfono celular del intervenido. Según el parte policial, entre los elementos encontrados figuran conversaciones de WhatsApp que serán incorporadas a la investigación. Entre ellas destaca un mensaje presuntamente dirigido a una persona identificada como “coronel Avellaneda”, cuyo contenido señala: “Yo le dije, jefe, ya cuando vayamos a su punto se va hacer una”.
Dicha comunicación forma parte de los elementos que vienen siendo evaluados por los investigadores para determinar su contexto, significado y eventual relevancia dentro de las pesquisas. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre alguna situación jurídica respecto de terceros mencionados en los mensajes hallados.
El caso ha generado gran repercusión en la provincia de Pataz debido a los cuestionamientos que en los últimos meses han surgido respecto al accionar de algunas autoridades vinculadas al control y seguridad en zonas de actividad minera.
La investigación se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, entidad que deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan y establecer si existen otras personas involucradas en los hechos materia de denuncia.

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Procuraduría Regional recupera cuarto terreno para avance del Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos

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El procurador regional de La Libertad, Pedro Armas Plasencia, lideró la cuarta recuperación de terrenos destinados al Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos, obra que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para proteger a miles de trujillanos de huaicos e inundaciones ocasionados por el Fenómeno El Niño.

El terreno recuperado, de una extensión de 6,442.96 metros cuadrados, se ubica en el sector Rebaza del distrito de Moche, venía siendo ocupado de manera ilegal desde hace varios años, y pese a los reiterados esfuerzos por lograr que los ocupantes informales se retiraran de la zona, estos hicieron caso omiso al pedido de desocupación. Por ello, se tuvo que ejecutar la recuperación con el apoyo de personal de la Policía Nacional del Perú.

Cabe mencionar que el terreno liberado le pertenece a la ANIN, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene a su cargo el Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos, que comprende entre sus cuatro componentes una intervención de más de 17 kilómetros en el río Moche, donde se viene realizando labores de descolmatación, ensanchamiento del cauce y colocación de diques enrocados en ambas márgenes.

El procurador regional de La Libertad, Pedro Armas, destacó que este tipo de operativos se continuarán desarrollando para recuperar los terrenos que sean necesarios para continuar ejecutando esta obra de interés regional para la prevención de desastres, dado que los intereses de los privados no pueden estar sobre el bien común.

“Esta es la cuarta recuperación extrajudicial que ejecutamos de manera conjunta con la ANIN y el apoyo de la Policía Nacional del Perú para la continuidad del Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos, debido a que se agotaron todas las instancias previas. El mensaje es que vamos a continuar imponiendo el principio de autoridad, porque las obras del Estado se deben respetar, con más razón si se trata de una obra que va a proteger a miles de familias trujillanas”, sostuvo el procurador Armas Plasencia.

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