Exhorta a adoptar medidas focalizadas y proporcionales

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) expresó su más profunda solidaridad con las familias de las trece víctimas del repudiable acto de violencia criminal ocurrido en el distrito de Pataz. Sin embargo, considera que la decisión del Gobierno de suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito para el desarrollo de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Tayabamba y también en Parcoy, sin diferenciar entre operaciones formales y actividades informales o ilegales, representa una medida desproporcionada y contraria a los principios constitucionales que amparan la libertad de empresa y el derecho al trabajo.

La empresa se encuentra ubicada en el distrito de Parcoy, a más de 90 kilómetros del distrito de Pataz, donde se registraron los hechos que condenan. «Las operaciones se han caracterizado por desenvolverse en un entorno de paz social, diálogo constante y acuerdos sostenibles con nuestras comunidades vecinas, como Llacuabamba, que también realiza actividad minera formal debidamente autorizada por el Estado. En nuestra unidad minera laboran más de 4,500 personas entre trabajadores propios y contratistas, quienes también se verán seriamente afectados por esta medida, al igual que sus familias, que dependen directamente de ellos”, indicaron.

En este sentido, respaldaron la necesidad de una intervención decidida del Estado y valoran la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Sin embargo, consideran que la imposición de restricciones a la libertad de tránsito que materialmente impiden el desarrollo de actividades mineras formales. “Solo debilita al sector formal sin atacar el verdadero origen del problema: la minería ilegal, la informalidad y la falta de autoridad efectiva. La paralización de nuestras actividades no solo afectaría a la producción minera, sino también a miles de puestos de trabajo, cadenas de proveedores, comercios y economías locales», indicaron.

«En lugar de sancionar a quienes operamos conforme al marco legal, el enfoque debe dirigirse a erradicar la criminalidad que se ha infiltrado en determinadas zonas, sin por ello estigmatizar a toda una Provincia ni frenar las operaciones de empresas mineras y comunidades formales que aportan al desarrollo local y nacional. Basta señalar que una paralización de nuestras operaciones afectaría no solo la producción minera, sino también miles de puestos de trabajo, cadenas de proveedores, comercios y economías locales enteras, agregaron.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la legalidad, la paz social, la transparencia y el desarrollo sostenible. La empresa confía en que el Gobierno rectificará esta medida, aplicando restricciones proporcionales, focalizadas y que no afecten injustamente a quienes cumplen con la ley y generan desarrollo, aplicando soluciones eficaces y justas que enfrenten el crimen sin castigar al formal.

El Cardenal estadounidense y nacionalizado peruano Robert Prevost fue elegido como el nuevo Papa de la Iglesia Católica, tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril. La elección se llevó a cabo en el segundo día del cónclave, con la fumata blanca apareciendo a las 18:08 horas, señalando el consenso alcanzado por los 133 cardenales presentes y quien ahora recibe el nombre de León XIV.

Prevost, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, es miembro de la Orden de San Agustín. Ha tenido una destacada trayectoria en América Latina, especialmente en Perú, donde fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

En la arquidiócesis de Trujillo, fue vicario judicial (1989-1998) y profesor de derecho canónico, patrístico y moral en el Seminario Mayor “San Carlos y San Marcelo”.

Su elección marca un hito histórico, ya que es el primer Papa estadounidense y el primero con vínculos significativos con América Latina. Prevost es políglota y ha trabajado extensamente en la formación y evangelización en el continente. Su nombramiento es visto como un puente entre las realidades eclesiales de América del Norte y América Latina.

Miguel Antonio Rodríguez Díaz (a) “Cuchillo”, el delincuente que estaría detrás del múltiple asesinato de los 13 guardias de seguridad en la zona minera del distrito y provincia de Pataz, en La Libertad, fue capturado por la Policía el 17 de diciembre de 2023, pero liberado por un fiscal pese a que se le encontró con armas y explosivos usados para otro ataque a la compañía Poderosa. Ademas, tras las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, se conoció que fugó a Colombia.

Así recordó el periodista de Panorama Luis Vargas, quien también reveló que no hubo ningún secuestro, sino que era una manera de que los criminales ganen tiempo para seguir sacando mineral.

“No hubo secuestro, no hubo los S/. 4 millones de soles que se pedía por los 13 trabajadores que daban seguridad. Los criminales llegaron, explotaron la pared que los dividía en el túnel, los torturaron y los ejecutaron. ‘Cuchillo’ tiene el modus operandi de usar la fachada de secuestro para ganar tiempo mientras va sacando todo el mineral que puede. Él era la cabeza del brazo armado de la organización del Gato Coté, asesinado en Colombia”, explicó Vargas.

En otra parte del reportaje de Panorama, el general Oscar Arriola Delgado, jefe de Estado Mayor de la Policía, manifestó que, conocida la situación, los efectivos actuaron. “Desde que se tuvo conocimiento de estos actos (secuestro) inmediatamente, patrullas de la Policía con miembros de las Fuerzas Armadas realizaron diversas operaciones que no han cesado hasta el día de hoy”, expresa Arriola, lo que contradice con la versión de los familiares de las víctimas, que denunciaron inacción policial