Caja Trujillo inaugura su nueva tienda en el distrito de San Sebastián, en la ciudad del Cusco, como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de los servicios financieros dirigidos a emprendedores, microempresarios y familias de la región.

“Esta nueva tienda en San Sebastián representa mucho más que una expansión física; es una muestra concreta de nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de Cusco. Queremos estar cada vez más cerca de los emprendedores, microempresarios y familias que impulsan el crecimiento de esta región, brindándoles soluciones financieras oportunas, seguras e innovadoras que les permitan alcanzar sus metas y mejorar su calidad de vida”, destacó el Dr. Luis Muñoz Díaz, presidente del Directorio de Caja Trujillo.

La ceremonia de inauguración se realizó este 10 de junio y contando con la presencia de la Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia Central Mancomunada y funcionarios de la entidad, quienes encabezaron el acto protocolar de apertura de esta moderna infraestructura ubicada en la avenida La Cultura con calle Sucre, a la altura del tercer paradero de San Sebastián.

La nueva sede ha sido diseñada para brindar una atención más eficiente, cómoda y accesible a los clientes, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios financieros orientados al crecimiento de los negocios locales y al bienestar económico de las familias cusqueñas.

Con esta apertura, Caja Trujillo reafirma su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo económico de la región, acercando alternativas de financiamiento, ahorro y servicios digitales que contribuyen al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas.

Durante la actividad se realizó el tradicional corte de cinta, un recorrido por las instalaciones y un espacio de atención para los representantes de los medios asistentes.

La puesta en funcionamiento de esta nueva sede representa un importante paso en el proceso de crecimiento institucional de Caja Trujillo y consolidando su presencia en una de las zonas de mayor dinamismo económico de la región Cusco.

Comisión de Gracias Presidenciales evaluará solicitudes de internos que cumplan con los requisitos establecidos por ley

Un total de 2,691 internos que cumplen condena por el delito de omisión de prestación de alimentos en establecimientos penitenciarios del país podrían acceder a la conmutación de la pena, siempre que hayan cancelado al menos el 70 % de la deuda alimentaria fijada en la sentencia condenatoria, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 010-2026-JUS.

La norma establece, de manera excepcional y temporal, supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales evalúe y recomiende la concesión de este beneficio a las personas privadas de libertad que cumplan con los requisitos establecidos.

La medida, orientada a contribuir con la reducción del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y será aplicable a los internos que se encuentren en el régimen cerrado ordinario, no registren más de una condena efectiva ni procesos penales pendientes.

Asimismo, los beneficiarios deberán haber cumplido con el pago mínimo del 70 % de la deuda alimentaria impuesta por los órganos jurisdiccionales competentes a favor de los alimentistas.

El decreto supremo tiene como finalidad promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante la recomendación de concesión de la conmutación de la pena para las personas privadas de libertad por el delito de omisión de prestación de alimentos, tipificado en el artículo 149 del Código Penal.

Las solicitudes de conmutación de pena iniciadas antes de la entrada en vigencia de la norma se adecuarán a sus disposiciones. Del mismo modo, las deudas alimentarias canceladas antes de la vigencia del decreto también podrán ser consideradas para la aplicación de este beneficio.

Cabe señalar que, entre enero y marzo del presente año, ingresaron a los establecimientos penitenciarios del país 1,196 personas sentenciadas por este delito, según información de la Unidad de Estadística del INPE.

Más del 78% considera que las empresas deberían publicar reportes periódicos sobre sus impactos ambientales, según un estudio de la iniciativa Saber para Crecer.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre cómo los países pueden impulsar el desarrollo económico sin descuidar la protección de sus recursos naturales. En el Perú, esta discusión cobra especial relevancia en un contexto donde la inversión sigue siendo considerada una fuente importante de crecimiento y empleo, pero también genera expectativas cada vez mayores en materia de sostenibilidad y transparencia.

Según el estudio Percepciones sobre la Inversión Extranjera Directa en el Perú, elaborado por la iniciativa Saber para Crecer, más del 80% de los peruanos considera que la inversión extranjera beneficia la economía nacional. Sin embargo, el 77% cree que las inversiones en minería suelen generar impactos ambientales, percepción que también alcanza al sector pesquero (68%) y al de infraestructura (60%).

Esta preocupación se traduce en una demanda concreta por una mayor rendición de cuentas. El 78% de los encuestados considera que las empresas deberían estar obligadas por ley a publicar reportes periódicos sobre sus impactos ambientales, mientras que alrededor del 70% espera que también informen sobre la seguridad de sus trabajadores y los beneficios o compensaciones que brindan a las comunidades cercanas a sus operaciones.

Los resultados reflejan que la sostenibilidad ya no es vista como un valor agregado, sino como una condición necesaria para generar confianza. Los peruanos esperan que las inversiones no solo impulsen el crecimiento económico, sino que también operen bajo estándares claros de transparencia y responsabilidad ambiental.

En respuesta a estas expectativas, el país cuenta con herramientas como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los procesos de evaluación liderados por SENACE, la fiscalización ambiental del OEFA y diversos mecanismos de participación ciudadana que buscan garantizar una gestión más sostenible y transparente de los proyectos.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los hallazgos del estudio muestran que el desafío no es elegir entre crecimiento económico y protección ambiental, sino fortalecer los mecanismos que permitan avanzar en ambos objetivos de manera simultánea, con información accesible, supervisión efectiva y una ciudadanía cada vez más involucrada.