A pesar de la  pandemia, la minería ilegal continúa  expandiéndose  sin control en el cerro El Toro  (Huamachuco) y se ha convertido en uno de los peores enemigos del medioambiente y de las comunidades  aledañas ubicadas en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión. Es una actividad que destruye todo lo que la rodea.
Lo peor de la minería ilegal en esta zona andina es el empleo de sustancias altamente nocivas que integran su modus operandi. Cianuro al aire libre, mercurio, dinamita, sustancias tóxicas que son vertidas en las quebradas o canales de regadío.
Los pobladores advirtieron de este grave problema ambiental que pone en un grave riesgo a las comunidades vecinas que rodean al cerro El Toro. Según denunciaron,  las labores mineras y procesadoras de minerales que operan en el lugar vierten desechos y relaves indiscriminadamente, lo que representa también  un serio peligro para  los sembríos y cuencas de agua destinadas al consumo de la población. Todo ante la falta de acción de las autoridades y  vista cómplice de dirigentes locales, señalaron.
En las fotos tomadas por la unidad de investigación del grupo especial PNP,  se puede ver este desolador panorama. Los relaves y desechos son vertidos en la quebrada adyacente a la zona y hay pozas de cianuro cerca a los campos de sembríos. Los lugareños mencionaron al cuestionado pastor evangélico, Oswaldo Alva Polo, quien es dueño de una de las plantas procesadoras que realiza sus actividades en el lugar y es sindicado de operar de forma irregular.
A pesar de que la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos  de La Libertad prohibió todas las actividades de extracción en El Toro estas no se han detenido. Es más, la pandemia ha generado una ola creciente  de ilegalidad que azota los caseríos  y  se lleva consigo grandes extensiones de tierra,  hace un elevado uso de agua  destinada al consumo humano, explota laboralmente a menores de edad y genera una considerable contaminación ambiental. 
Los lugareños señalaron que una de las labores que no ha paralizado sus operaciones es  Mineral´s Doña Julia,  donde murieron cuatro personas en un socavón en mayo.  Aquí laboran sujetos plenamente identificados y que extraen irregularmente el mineral.  Hasta el día de hoy ningún fiscal de Huamachuco, ni la representante de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, Lastenia Acuña, ha resuelto nada.
También lamentaron que  Jorge Espejo Moreno, dueño de este campamento minero, y el pastor Alva Polo sigan insistiendo en ser nombrados autoridades vecinales de Shiracmaca, caserío convertido en la gran guarida de los mineros ilegales que gracias a una investigación policial tienen nuevos integrantes.
La población  señaló que esta actividad merece rechazo en Huamachuco y la inmediata  intervención de las autoridades, porque los ilegales en su afán de robar mineral incrementan la fiebre por el oro e invaden áreas protegidas y territorio de las comunidades. 
“Se trata de un negocio ilícito que beneficia a pocos a costa de muchos. El dinero que gira en torno a esta actividad es sumamente elevado, tanto que sirve para solventar el silencio de muchos y la complicidad de dirigentes, hasta autoridades y medios locales”, cuestionaron.
La minería ilegal genera daños directos e indirectos en la salud de las personas que arriesgan su vida en los socavones, incluidos menores de edad, por la exposición al polvo, la radiación solar excesiva, humedad y manipulación directa al cianuro. Y lo más grave: ha generado una crisis social y ambiental por la degradación del territorio y la contaminación por mercurio, coinciden los especialistas.