La Policía Nacional del Perú, mediante acciones de inteligencia desarrolladas por los Agentes Terna y con apoyo de drones, logró ubicar y detener en Comas a Hugo Loyola Neciosupe (50), alias “Molleja”, investigado por su presunta vinculación con los delitos de extorsión, microcomercialización de drogas y otros ilícitos conexos.

Durante el registro, la Policía Nacional halló un arma de fuego, una cacerina abastecida con 14 municiones, 50 municiones más de arma de fuego, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un teléfono celular que contendría material audiovisual de interés para las investigaciones.

En el dispositivo móvil se encontraron videos en los que el investigado presuntamente exhibiría y manipularía armas de fuego con fines intimidatorios.

Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer su posible relación con denuncias por extorsión y otras actividades delictivas registradas en la zona.

La muestra fotográfica, el libro y el documental reúnen testimonios de personas y comunidades beneficiadas por proyectos de infraestructura resiliente desarrollados en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno entre Perú y Reino Unido.

El impacto de una obra de infraestructura se mide también por lo que ocurre cuando empieza a transformar la vida cotidiana de las personas. Bajo esa premisa, el Equipo de Entrega del Reino Unido (UKDT) presentó el lunes 7 de septiembre “Rostros del Cambio”, una iniciativa cultural que conmemora la participación del Reino Unido en el proceso de reconstrucción del Perú poniendo en el centro a sus principales protagonistas: las personas y comunidades beneficiadas.

La iniciativa incluyó una exposición fotográfica del reconocido fotógrafo y documentalista Omar Lucas, ubicada en el Parque Kennedy de Miraflores. Esta exposición estará abierta al público hasta el 14 de septiembre. Como parte del evento, se presentó el documental y el libro de memorias «Rostros del Cambio», publicaciones que reúnen imágenes, testimonios e historias de quienes han vivido directamente la transformación impulsada por proyectos de infraestructura resiliente desarrollados principalmente en el norte del país.

Durante la presentación, que dio inicio a la Semana Británica, la Embajadora del Reino Unido en Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, destacó la importancia de contar esta historia desde la perspectiva de la gente: “La reconstrucción no se trata solo de infraestructura. Se trata de las personas, sus comunidades y las oportunidades que surgen cuando trabajamos juntos para construir un futuro más resiliente. Estos rostros y voces representan el verdadero impacto de nuestra colaboración entre el Perú y el Reino Unido”.

El libro y la exposición capturan precisamente esa perspectiva: detrás de cada proyecto hay familias, estudiantes, docentes, profesionales y comunidades que han experimentado cambios tangibles en sus territorios. Esta iniciativa cultural busca preservar estas historias y demostrar que la infraestructura puede convertirse en una herramienta para reconstruir la confianza, crear oportunidades y fortalecer la resiliencia comunitaria.

Una historia humana respaldada por resultados

El impacto humano de Rostros del Cambio se complementa con un reciente estudio de UKDT, consorcio británico conformado por Mace, Arup y Gleeds, que ha brindado asistencia técnica especializada a 153 proyectos en Perú, incluyendo escuelas, centros de salud, hospitales, obras de control de inundaciones y sistemas de alerta temprana. Desde 2020, UKDT acompaña a las entidades peruanas en la gestión, diseño, planificación y ejecución de estos proyectos, destacando que el verdadero impacto de la infraestructura se refleja en la mejora de la vida de las personas y comunidades beneficiadas.

El estudio evidencia además que el acompañamiento técnico permitió acelerar significativamente la ejecución de las obras. Las escuelas se entregaron en un promedio de 2,5 años frente a los 5 años tradicionales, mientras que los centros de salud demoraron 2,9 años frente a 7,3 años del promedio nacional. Asimismo, el 72% de las escuelas con apoyo de UKDT culminó en menos de tres años, frente al 32% de las que no recibieron este soporte, y todos los hospitales desarrollados bajo la alianza fueron construidos en menos de cuatro años, frente a solo el 10% de los hospitales sin este acompañamiento.

Los protagonistas hablan

El evento destacó el encuentro con líderes comunitarios de Sullana, Huanchaco y Cajamarquilla, quienes compartieron sus experiencias sobre cómo los proyectos de infraestructura han impactado en su vida y en el desarrollo de sus comunidades. A través de la exposición fotográfica, el libro y el documental, narrado por Reynaldo Arenas, Rostros del Cambio convierte los resultados de estas obras en historias reales, dando protagonismo a las personas que representan el impacto de estos proyectos en distintas regiones del Perú.

Infraestructura para construir comunidades más resilientes

Los proyectos de infraestructura orientados a la prevención y resiliencia climática ya protegen a más de 100.000 personas, con beneficios estimados en US$23.190 millones por la prevención de daños durante los próximos 50 años. A ello se suma un amplio programa de transferencia de conocimiento, que ha generado más de 3.100 sesiones de aprendizaje, 232.000 horas de capacitación y 68.000 certificaciones para profesionales y funcionarios peruanos.

La presentación de Rostros del Cambio pone en valor la colaboración entre Perú y Reino Unido, destacando una experiencia que combina asesoría técnica, innovación y capacitación, con una visión de infraestructura enfocada en las personas y en fortalecer la capacidad del país para enfrentar futuros eventos climáticos.

Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), alerta sobre el alto costo humano de la minería no legal en el Perú: una actividad por la que miles de peruanos son víctimas de violencia, explotación laboral, trata de personas, la negación total de garantías mínimas y control armado constante. Este marco de violencia no es un efecto colateral, la violación sistemática de derechos humanos es la base del modelo de negocio de la minería no legal, que le permite operar de forma rentable.

El informe, titulado «Violencia y vulneraciones de Derechos Humanos en contextos de Minería No Legal en el Perú», es el primero en profundizar en las consecuencias humanas de esta actividad, más allá de las cifras económicas y productivas habitualmente reportadas. Los hallazgos abarcan operaciones de minería ilegal, informal y con REINFO, evidenciando que la vulneración de derechos ocurre en todo el espectro de la minería no legal.
El crimen organizado controla el territorio; el Estado no
El estudio también revela que organizaciones criminales —desde bandas fragmentadas hasta estructuras organizadas con mayor capacidad de control— dominan las tres zonas de minería no legal que fueron analizadas: Pataz (La Libertad), La Rinconada (Puno) y Atico (Arequipa). Allí, la presencia policial y de autoridades estatales es casi inexistente, reducida a fiscalizaciones esporádicas sin continuidad. Las comunidades enfrentan carencias severas de servicios básicos y pobreza extrema, en un vacío que las mafias han ocupado por completo.
Las organizaciones criminales que controlan estos territorios extorsionan y cobran cupos a trabajadores, transportistas y comerciantes como parte central de su economía: se estima que 7 de cada 10 trabajadores recién llegados son extorsionados. Solo el último año, se han registrado entre 30 y 50 homicidios en estas zonas, crímenes que han quedado en la impunidad y que dejan ver la gravedad del problema.

El eslabón extractivo concentra el mayor daño humano 
Aunque las vulneraciones se presentan en toda la cadena de valor de la minería no legal, el estudio identifica que es en la etapa extractiva — que consiste en la explotación misma del mineral— donde se concentran las peores condiciones laborales, el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil. Es también ahí donde se registra la mayoría de las víctimas: miles de hombres, mujeres y niños forzados a trabajar en condiciones extremadamente peligrosas, sin contratos ni ninguna protección frente a accidentes. Muchos llegaron engañados con la promesa de una oportunidad de trabajo y terminaron sometidos al abuso y al terror. «La gran mayoría de los que van a estas zonas entran pobres y sale pobre y extorsionados», resume Nicolas Zevallos, uno de los autores del estudio, al describir el círculo de explotación que atrapa a quienes llegan buscando una oportunidad.
La magnitud humana, enclave por enclave
En los tres casos de estudio, las mafias someten a más de 49 mil personas a condiciones de explotación laboral, extorsión y trata: 30 mil en La Rinconada, 15 mil en Pataz y 4 mil en Atico, muchas de ellas migrantes de otras regiones y en situación de pobreza.
El estudio documentó también el uso sistemático de explotación sexual —identificó a más de 1,250 víctimas, mujeres captadas por engaño y varias de ellas menores de edad, concentradas principalmente en Pataz y La Rinconada— y la participación de cientos de niños de entre 11 y 18 años, obligados a realizar labores peligrosas en condiciones degradantes.
Estos tres casos, si bien son representativos, son solo una muestra de las alarmantes cifras de vulneración de los derechos humanos que se está viviendo en nuestro país producto de esta actividad no legal, que opera sin supervisión ni fiscalización.
Una economía ilícita que debe frenarse ya
La minería no legal ya representa casi la mitad del oro que exporta el país, con ingresos ilícitos estimados en más de 4,600 millones de dólares al año. En los últimos 15 años, el volumen exportado de oro de origen no legal se triplicó, acelerando la expansión de daños sociales y ambientales en al menos 22 regiones del país.
Frente a estos hallazgos, el estudio advierte que la respuesta no puede seguir postergándose: es urgente que el Estado llegue a estas zonas con soluciones concretas, establezca sanciones reales y cierre los mecanismos que hoy permiten que estas operaciones ilegales sigan creciendo. No se trata de un problema exclusivo de un sector, hablamos de un fenómeno presenten en casi todo el país, que crece a vista y paciencia de las autoridades quienes, con su negligencia se vuelven cómplices de estas severas afectaciones.
Sin presencia estatal sostenida —no solo fiscalizaciones esporádicas— la vulneración de derechos humanos seguirá siendo, como advierte el informe, el modelo de negocio de la minería no legal en el Perú.