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Contraloría implementa nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)

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Conozca las 32 conductas infractoras que podrían ocasionar la inhabilitación para ejercer función pública

Se sancionará en plazos más cortos, garantizando el debido proceso, con uso de la tecnología de la información

Tras la reciente restitución de su capacidad sancionadora, la Contraloría General informó que ya están vigentes las 32 conductas infractoras que podrían ocasionar la inhabilitación de funcionarios y servidores públicos hasta por cinco años. Estas sanciones administrativas serán céleres y respetarán el debido proceso a quienes cometan infracciones administrativas graves o muy graves en la administración pública, de manera intencional o no ejerzan su función con diligencia, ocasionando perjuicio al Estado.

Como es de conocimiento público, el pasado 20 de julio, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General, la misma que fue reglamentada el 21 de agosto pasado por la Entidad Fiscalizadora Superior.

Como se recuerda, en abril del 2019 el Tribunal Constitucional reconoció la capacidad constitucional de la Contraloría para sancionar administrativamente a funcionarios y servidores públicos, sin embargo, dejó sin efecto el catálogo de conductas infractoras imposibilitando la continuidad de los procedimientos de sanción en proceso y pendientes como resultado de los servicios de control posterior.

Conductas infractoras
Ahora, la Contraloría General está en capacidad de sancionar con la inhabilitación para ejercer la función pública a las y los funcionarios públicos que actúen en forma parcializada en los contratos o licitaciones, beneficiando a un tercero o a sí mismo, ocasionando un perjuicio al Estado; la contratación de bienes, servicios u obras sin procedimiento de selección, cuando la normativa dispone su obligatoria realización; dar la conformidad a bienes, prestación de servicios o ejecución de obra que no se hayan ejecutado o brindado, o que no cumplan con las condiciones contractuales, ocasionando un perjuicio al Estado.

Además, se sancionará el incumplimiento funcional evidenciado en situaciones de emergencia declaradas conforme a ley y que ocasionen la no prestación de algún servicio o la no entrega de un bien, subsidio monetario o prestación económica, por parte del Estado, o que, la prestación o entrega no sea oportuna cuando éstas sean parte de las medidas establecidas para afrontar la referida emergencia.

De igual manera, sucederá con las y los funcionarios públicos que obtengan o procuren beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otro, haciendo uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia o suministrando información privilegiada o protegida, o incumpliendo o retrasando el ejercicio de sus funciones, ocasionando perjuicio al Estado.

También podrían ser inhabilitados para ejercer la función pública quienes autoricen o ejecuten operaciones o gastos no autorizados por ley o por la normativa aplicable; actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones, o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su función, dando lugar a un beneficio, propio o de tercero; usar los bienes o recursos públicos incumpliendo las normas que regulan su ejecución o uso; percepción de doble remuneración en el sector público, entre otros supuestos.

Identificación de responsabilidades
La responsabilidad administrativa funcional se identifica en los informes de control posterior, y comprenderá solo aquellos hechos ocurridos a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288. La tramitación de las conductas infractoras se llevará a cabo en un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) donde se respetará el principio del debido proceso que incluye el derecho de defensa, el principio de legalidad, el de tipicidad, entre otros.

Las infracciones administrativas graves serán sancionadas con la inhabilitación inmediata para el ejercicio de la función pública no menor de 60 días hasta un máximo de un año; mientras que las infracciones muy graves ameritarán la inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de uno hasta cinco años, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, la reincidencia, la existencia de intencionalidad, entre otros factores a analizarse.

Destacar que la sanción administrativa PAS, se aplicará sin perjuicio de las acciones legales que se inicien en el Sistema de Justicia, en materia civil y penal, en virtud de los resultados de los informes de control que evidencian también responsabilidad civil y penal.

El dato
El nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador será más célere y oportuno debido a que contempla plazos más cortos para evaluar y sancionar, cuando corresponda, las conductas infractoras. Con la finalidad de modernizar y agilizar el PAS, se ha previsto el uso de nuevas tecnologías de la información como la notificación electrónica de manera obligatoria y el uso de la casilla electrónica asignada por la Contraloría General.

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Colapso de muro deja un escolar fallecido y otro herido en Iquitos

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Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto y efectivos de la Policía Nacional del Perú realiza diligencias urgentes en la I.E. Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos, tras el colapso de un muro que provocó la muerte de un estudiante, identificado como Taylor Yaicate Rico para (18), y dejó a otro herido. Ambos serían del quinto grado de secundaria.

Se dispuso la detención del director de la institución educativa, así como de un docente, quienes serán investigados a fin de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, junto con personal de la Unidad Médico Legal (UML), realizan diligencias en la morgue del Hospital Regional de Loreto, tras el fallecimiento de uno de los estudiantes.

Según uno de los padres de familia, los estudiantes habrían estado realizando trabajos de demolición por orden de un docente.El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por su parte, el Gobierno Regional de Loreto emitió un comunicado en el que brinda sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del estudiante y señala que, en el marco de sus competencias, entregará información sobre la obra, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes. Además, inspeccionarán las estructuras existentes en la institución educativa.

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Keiko participa en entrega de 900 chalecos a policías del Callao

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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en la entrega de 900 chalecos antibalas nivel IIIA para el equipamiento táctico y protección integral del personal asignado a la Región Policial del Callao.

Acompañada del ministro del Interior, César Astudillo y el alto mando policial, la jefa de Estado ratificó su respaldo a la Policía Nacional del Perú y destacó que la PNP está en la primera línea cuando la ciudadanía los necesita, por lo que afirmó, “el Estado debe estar a la altura de ese compromiso”.

“Con el ministro del Interior vamos a enfrentar la delincuencia, con autoridad, con inteligencia, con presencia del Estado y con resultados. No permitiremos que el crimen imponga el miedo en nuestras calles”, enfatizó.

La presidenta resaltó la importancia y utilidad de los chalecos antibalas, al destacar que esta mañana recibió el testimonio de policías heridos en acción, internados en el Hospital de la Policía, a quienes visitó, llevando un mensaje de reconocimiento a su labor.

“Venimos del Hospital Policial y ahí he podido abrazar, felicitar a varios miembros, todos valerosos, que pusieron su vida en riesgo. Vengo llena de emoción y de profundo orgullo y pude conversar con el suboficial Luis Llatas, que recibió cuatro impactos, tres de ellos no llegaron a su cuerpo porque tuvo un chaleco antibalas”, relató.

En ese sentido, la presidenta Fujimori resaltó el significado especial del acto de entrega de chalecos. “Cuando un policía sale a protegernos, hay toda una familia detrás que espera volverlo a ver en casa. Por eso hoy entregamos 900 chalecos antibalas a nuestra Policía del Callao, de Ventanilla y Mi Perú”, señaló la jefa de Estado.

Cabe señalar que, durante su visita al Hospital de la Policía, la presidenta Fujimori visitó al coronel Carlos Montúfar Lezama, el suboficial superior César Moscoso Zapata, el suboficial de segunda Jhordan Torres Fernández; y el suboficial de tercera PNP Luis Alberto Llatas Constantino; todos heridos en la lucha contra la criminalidad.

“Por su esfuerzo y valentía, les agradezco su trabajo para recuperar la paz. Nuestro gobierno se siente orgulloso de la Policía”, manifestó la presidenta.

Incautación de armas, explosivos y productos pirotécnicos

Como parte de su agenda de trabajo, la mandataria también participó en la presentación de armas de fuego, explosivos y productos pirotécnicos incautados a nivel nacional realizada en la sede del Ministerio del Interior.

 

Allí, la jefa del Estado afirmó que su Gobierno dará una respuesta firme al crimen organizado, como parte de una estrategia orientada a recuperar la seguridad y tranquilidad de los peruanos.

“La lucha contra la inseguridad ciudadana no se gana solamente reaccionando cuando el delito ya ocurrió. Se gana, sobre todo, anticipándonos, controlando y quitándole a la delincuencia los recursos que necesita para operar”, sostuvo la jefa de Estado.

 

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Presidenta Fujimori se reunió con gremios de transporte y anunció medidas contra inseguridad

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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció hoy medidas en materia de seguridad ciudadana y transporte en beneficio del sector, durante una reunión de trabajo con representantes de diversos gremios de transporte público, interprovincial y de carga pesada realizada en la sede del Ministerio del Interior.

En el encuentro participaron dirigentes de Transportes Unidos de Lima Este, Norte y Sur; la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú; la Unión Nacional de Transportistas del Perú; la Asociación de Empresas de Transporte Urbano y la Cámara Operaria de Transporte y Recursos Energéticos Peruanos. También asistieron representantes de organizaciones de Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash, entre otras regiones.

La reunión contó, además, con la participación de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey; la senadora Martha Moyano y representantes del alto mando policial. Durante el diálogo se abordaron principalmente las acciones frente a la inseguridad ciudadana y las demandas vinculadas con la regulación del transporte.

En ese marco, la jefa de Estado anunció la conformación de dos mesas de trabajo que permitirán mantener una coordinación directa entre el Ejecutivo y los representantes del sector transportes.

“Vamos a establecer dos mesas de trabajo, divididas en dos conceptos. Una tiene que ver con la regulación del Estado, que va a estar liderada por el ministro de Transportes, en la que vamos a pedir también que participe el ministro de Economía y la Sunat, para que los escuchen directamente a ustedes”, señaló.

La segunda mesa estará enfocada en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y será conducida por el Ministerio del Interio

Acciones contra la criminalidad

Al referirse a la inseguridad que afecta al sector transporte, la mandataria remarcó que la respuesta frente a la delincuencia requiere el trabajo coordinado de las entidades del Estado.

“Para enfrentar a la delincuencia tenemos que articular todas las instituciones del Estado. Y lo primero que hemos querido hacer es motivar a los hombres que están en primera línea: nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de inteligencia para anticiparse a las organizaciones criminales y evitar la comisión de delitos. “Los servicios de inteligencia tienen la tarea de adelantarse a que el crimen ocurra”, sostuvo.

En otro momento, la jefa de Estado abordó la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones que forman parte del sistema de justicia.

Sobre la lucha contra las extorsiones, señaló que será necesario ampliar la participación de otros actores en la estrategia de seguridad. “Tenemos que, en esta mesa, incorporar a los operadores de celulares y al sistema financiero, porque ya sabemos que los cupos y las extorsiones vienen por esos canales”, manifestó.

La presidenta Fujimori también se refirió a la situación de los extranjeros que permanecen de manera irregular en el territorio nacional. “Queremos no solamente actuar con inteligencia para que los delitos no ocurran, sino también cambiar el sistema migratorio y de expulsiones”, expresó.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, explicó a los transportistas las acciones operativas que viene impulsando el sector para reforzar la seguridad en los principales puntos vinculados con este servicio.

“Desde un principio se informó que vamos a implementar inteligencia y estamos incrementando la presencia policial en las empresas de transporte, paraderos y buses. Les pido confianza. La presidenta ya ha dispuesto el presupuesto para incorporar inteligencia y vamos a seguir fortaleciendo las herramientas que necesita la Policía para enfrentar al crimen”, señaló.

Asimismo, informó sobre las acciones para implementar más unidades de flagrancia, ampliar los operativos de control territorial e incorporar mayor tecnología. También indicó que se viene fortaleciendo el Plan Escudo con apoyo de las Fuerzas Armadas y se trabaja en una nueva plataforma contra la extorsión y en la ampliación de los distritos conectados al Centro de Comando C4 de la Policía Nacional.

Sector transporte

En materia regulatoria, la presidenta Fujimori anunció que el Ejecutivo impulsará una modificación al actual sistema de puntos aplicado a los conductores. “Como Gobierno vamos a presentar la derogatoria de la ley de puntos para trabajar una nueva ley junto con ustedes, para poder aliviar y seguir avanzando”, anunció.

A su turno el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, adelantó que el Gobierno prepara un proyecto de Decreto Supremo para establecer un régimen excepcional y temporal destinado a facilitar la regularización de multas de tránsito y transporte terrestre.

“Se permitirá extinguir o condonar el saldo de las papeletas de tránsito y transporte terrestre abonando únicamente el 10 % del valor de la sanción”, señaló.

Asimismo, el ministro Rey cuestionó los actuales montos de las infracciones y el sistema acumulativo de puntos, a los que calificó de “abusivos y absurdos”, y adelantó que se trabaja en una norma complementaria para revisar dicho esquema.

“Este sistema está generando un déficit de conductores en el sector. Por eso estamos trabajando en una nueva norma que permita revisar las sanciones y el esquema de puntos”, sostuvo.

El régimen propuesto tendría una vigencia de 90 días calendario para las multas por infracciones de tránsito y de 180 días para las correspondientes al transporte terrestre y otros servicios comprendidos en la norma.

Quedarán excluidas, entre otras, las infracciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, conducir sin licencia o con esta suspendida, así como determinadas faltas vinculadas con la inspección técnica vehicular, el SOAT, la informalidad del servicio y las agresiones contra inspectores.

Respaldo de transportistas

Al término de la reunión, el representante de Transportes Unidos, José Quispe, agradeció la convocatoria y aclaró que su organización no convocó a ninguna paralización. Señaló que, los participantes en la reunión representan alrededor del 85 % del sector operante.

Asimismo, expresó su respaldo a las medidas anunciadas por la mandataria y a las labores que desarrolla la Policía Nacional.

Por su parte, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú (CONET – Perú), Julio Rau Rau, también rechazó la convocatoria al paro realizada por otros dirigentes y manifestó la disposición de sus agremiados a respaldar las acciones del Ejecutivo.

 

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