El abogado Carlos Ulloa Escobedo, quien representa al empresario Paul Valverde López, detenido por el caso de la presunta red de minería ilegal “La Gran F.A.”, aseguró que la denuncia del Ministerio Público tiene serias omisiones y por el contrario representa un intento de criminalizar al pequeño empresariado minero que trabaja de manera correcta cumpliendo con todas las normas pertinentes.

¿Cuál es el contexto de este caso que ha tenido resonancia nacional?

Estoy absolutamente seguro que aquí se ha montado todo un escenario para imputar un delito de organización criminal y como delito fin el de minería ilegal y se ha metido en un cajón de sastre a personas honorables para desestabilizar su actividad empresarial, evidentemente para favorecer a terceros que consideran como competencia a pequeños empresarios que cumplen con todos los protocolos y normativas al respecto.

¿Cuál es el papel de Paul Valverde en esta trama compleja?

A él se le imputa “haber realizado acopio y molienda del mineral carbón antracita, y pretender monopolizar dicha actividad”, pero de la revisión de todos los actos de Paul Valverde, encontramos que todos son lícitos, ni siquiera podemos encontrar faltas administrativas. ¿Que te pide la norma?, que el vendedor de carbón antracita esté inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que es un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que agrupa a todas las personas naturales o jurídicas que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, y las exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal; siendo que, todos los proveedores de Paul Valverde tenían REINFO.

¿Dónde se realizaban las transacciones?

Todo se realizaba cuando el carbón llegaba a su destino que es el parque carbonero, Paul Valverde era ajeno al proceso de extracción o de transporte, él comercializa a partir de su compra a los proveedores y bancariza todas transacciones como corresponde a una empresa formal que cumple con transparencia sus obligaciones. La pregunta es, ¿es exigible al que compra carbón antracita el cumplimiento de otros requisitos como si podría exigirse a quienes explotan oro, plata, cobre?, imposible. Hay muchas omisiones en torno a este delito que ponen en duda el argumento de la acusación fiscal.

¿Qué pruebas ha exhibido el Ministerio Público?

Aparte de la comercialización que supuestamente es absurdamente ilegal para la señora fiscal, cuando ya demostramos que por el contrario se cumplió con todas las normas, la Corte Suprema ya estableció que la actividad minera, por si sola, es una actividad económica lícita y permitida bajo el cumplimiento de ciertos parámetros, en cambio “la actividad minera practicada fuera de parámetros legalmente establecidos podrá considerarse ilícita», es clarísimo. Adicionalmente se han presentado una serie de escuchas, en donde al contrario benefician a Paul Valverde, pues en los diálogos se escucha a los proveedores frases como “Paul es legal” o «al único que le vendemos facturado es al señor Paul” pero extrañamente la Fiscalía no ha merituado estas frases y por el contrario ha considerado otras conversas que solamente sustentan el supuesto negado de que la comercialización es ilegal. De qué organización criminal hablamos si mi cliente no interviene ni en la fase extractiva ni de transporte, sólo comercializa el producto conforme a todas las normas establecidas y solo tiene una relación comercial con los proveedores.

¿Cuál es el trasfondo de este caso?

Sería importante concluir que a partir de esta mala intervención del Ministerio Público se afecta la economía de la región y se pone en cuestionamiento la actividad de la pequeña minería impulsada por el estado, pareciera que se quiere beneficiar a grupos poderosos, y precisamente hay dos grupos enfrentados en la zona y el Ministerio Público ahora se convierte en caja de resonancia de uno de ellos, pues se han prestado incluso para facilitar las conversaciones y así presuntamente eliminar a la competencia. Paul Valverde ni siquiera es el principal comercializador, esta medida cautelar de prisión preventiva es desproporcional. Confiamos plenamente en que se hará justicia.