La entidad alcanzó un ROE de 12.47% y registró un ratio de mora de 5.46%, indicadores que acompañan la evolución favorable de sus resultados durante 2026. 

Gracias a su buen gobierno corporativo, al esfuerzo de sus colaboradores y a la confianza de sus clientes, al cierre de setiembre, Caja Trujillo alcanzó una utilidad acumulada de S/ 64,968,340, resultado que está por encima de lo proyectado a inicios del 2026 y refleja el gran momento que atraviesa esta microfinanciera en el mercado nacional.

“Estos resultados son consecuencia de una buena gestión corporativa, de decisiones empresariales tomadas con responsabilidad y del compromiso de nuestros colaboradores. A ello se suma, de manera fundamental, la confianza que nuestros clientes depositan en Caja Trujillo”, sostuvo el presidente del Directorio de Caja Trujillo.

Otro de los indicadores que evidencia el buen desempeño de Caja Trujillo es su ROE, que alcanzó 12.47 %, mostrando una evolución favorable en la rentabilidad sobre el patrimonio, lo cual es una referencia muy importante para evaluar la capacidad de esta microfinanciera para generar resultados económicos a partir de sus recursos patrimoniales.

Del mismo modo, al cierre de setiembre, el ratio de mora de Caja Trujillo se ubicó en 5.46%, indicador que refleja el comportamiento de la cartera crediticia y constituye uno de los principales aspectos monitoreados por esta entidad dentro de su gestión de riesgos.

El desempeño alcanzado por Caja Trujillo hasta setiembre está por encima de las expectativas planteadas a inicios del 2026, así como al mismo tiempo reafirma su compromiso con una gestión responsable, sostenible y orientada a generar valor para sus clientes y colaboradores.

Finalmente, se precisa que, actualmente, Caja Trujillo es una de microfinancieras más sólidas del país, donde cuenta con 109 agencias y genera más de 2500 puestos de trabajo directo

A la extracción clandestina de minerales en los caseríos de Huamachuco se suma la disputa y el tráfico de terrenos en zonas auríferas codiciadas por las mafias que seguirían operando en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión. La continuidad de la minería ilegal en esta zona vuelve a poner en el foco la capacidad de estas organizaciones para reorganizarse y retomar sus actividades en poco tiempo.

La posesión de un predio no solamente representa tierra. En una zona aurífera puede significar acceso al subsuelo, apertura de socavones, instalación de plantas artesanales, rutas para trasladar mineral y espacios donde ocultar maquinaria. En Huamachuco, han denunciado que determinadas propiedades serían utilizadas para ocultar socavones e instalaciones destinadas al procesamiento clandestino de mineral.

Dentro de este escenario aparecerían los hermanos Carranza, mencionados en denuncias locales relacionadas con presuntas actividades de minería ilegal y con disputas por terrenos en sectores cercanos al cerro Cachito y al caserío de Shiracmaca. Según las denuncias, ambos participaron en una disputa destinada a recuperar predios anteriormente utilizados para actividades mineras utilizando a un adulto mayor. Los propietarios legales de esos terrenos habrían acudido a las autoridades y denunciaron los hechos.

Vecinos de la zona sostienen, además, que existirían socavones clandestinos dentro de propiedades particulares que permanecerían ocultos o inactivos durante las horas de mayor vigilancia para posteriormente entrar en funcionamiento durante la noche. El mecanismo parece sencillo: esconder durante el día y operar cuando disminuye la vigilancia.

Actividad que exige una estructura

La extracción ilegal de oro requiere mucho más que la apertura de un socavón. Para operar de manera sostenida se necesita maquinaria, explosivos, combustible, transporte, procesamiento, compradores y, sobre todo, protección, A esta estructura se suma un factor que vecinos y denuncias consideran necesario investigar: la posibilidad de que determinadas personas proporcionen información anticipada o faciliten la continuidad de las operaciones clandestinas.

En Shiracmaca y Coigobamba se han reportado intervenciones contra campamentos y socavones. Sin embargo, pobladores sostienen que algunas actividades vuelven a aparecer semanas después de los operativos. Esta situación plantea una interrogante: ¿cómo obtienen información estas organizaciones para anticiparse a las intervenciones y qué mecanismos les permiten volver a operar después de que sus instalaciones son destruidas?

Una de las explicaciones denunciadas reiteradamente apunta al enorme poder económico generado por el oro ilegal y a su capacidad que podría corromper instituciones y autoridades locales.

Una vez más la provincia de Pataz vuelve a ser escenario de actos violentos que dejan víctimas mortales. Esta vez, dos personas perdieron la vida durante un ataque armado registrado en una bocamina de minera Poderosa .

Los fallecidos fueron identificados como Jherwin Cachique Ishuiza, de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42 años. Otras dos personas, identificadas como Vidal Tomás Villanueva Flores (34) y Armando Ferreyra Flores (30), resultaron heridas.

Las autoridades investigan este nuevo ataque en la zona para lograr dar con los responsables. Este hecho se registra en medio de una jueva declaratoria de emergencia por inseguridad en la zona.

La empresa minera expresó su rechazo ante este tipo de hechos y pidió que el Gobierno otorgue los recursos necesarios para acabar con este tipo de incidentes.