El demandante cuestiona la actuación de dos juezas de familia y señala la existencia de entrevistas y peritajes psicológicos a los menores favorables a su custodia, mientras que la madre rechaza las imputaciones y defiende sus derechos parentales.

Una compleja disputa familiar que se ventila en el Poder Judicial de Trujillo ha escalado al ámbito de la denuncia pública porque presuntamente existiría dilación indebida, imparcialidad y falta de celeridad procesal. El conflicto, que involucra a tres menores de edad de 9, 13 y 15 años, se desarrolla en dos fueros judiciales en paralelo: un proceso por tenencia y custodia iniciado en el año 2018 (8 años de litigio con dos sentencias anuladas por la Sala Superior) y otro proceso por divorcio por causal que data del 2022 (4 años en trámite).

El padre de los menores, José Palacios Rodríguez, sostiene que el transcurso del tiempo y determinadas decisiones jurisdiccionales estarían afectando el principio del interés superior del niño, argumentando la existencia de demoras desproporcionadas y falta de imparcialidad en los despachos a cargo de las causas.

Cuestionamientos a las magistradas y resoluciones observadas por Sala Superior

En el ámbito procesal, la defensa del progenitor ha presentado recursos y quejas funcionales contra las juezas asignadas a ambos expedientes:

En el Proceso de tenencia (2018): Según la defensa de José Palacios, es tramitado en el despacho de la Dra. Doris Osorio, que expidió la primera con carácter de tenencia compartida y segunda sentencia por la misma Juez con carácter de Tenencia Exclusiva, fueron declaradas nulas por la Sala Superior; y al regresar el Expediente al Juzgado que la mencionada Juez había sido promovida a una Sala Superior, designándose en su lugar a la Juez Provisional Vanesa Alta Gracia Ávila Loyola. Y según los actuados expuestos por el denunciante, se emitió una resolución judicial sin haber valorado integralmente el caudal probatorio, ni los testimonios directos de los menores.

Se precisa que una de las principales razones por las que se anuló la primera sentencia fue porque la Juez no se había entrevistado con los menores; pero resulta que la Juez si había cumplido con citar a dichos menores por intermedio de su madre; pero, según la defensa de José Palacios, como la demandada conocía y conoce el deseo de su hijos sabía que iban a declarar que prefería vivir con su padre, no los llevó al Juzgado en las tres oportunidades que fue citada. Señala que la Juez la cito con apercibimiento de multa y no fue, luego la cito con apercibimiento de denunciarla por el delito desobediencia a la autoridad y tampoco fue, por lo que la Juez la habría denunciado por dicho delito.

Sobre este último proceso, la defensa de José Palacios señala que trascendió que una Sala Superior del Poder Judicial anuló y devolvió el expediente al juzgado de Ávila Loyola, ordenando que se emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado y sustentado respecto a la asignación de la tenencia que en su momento fue materia de apelación.

Proceso de divorcio (2022): A cargo de la jueza Silvia Zapata Obando. Palacios Rodríguez interpuso quejas, denuncias ante órganos de control y pedidos de recusación contra la magistrada, acusando presunta parcialidad y demoras injustificadas en la tramitación de los recursos interpuestos por su parte. El demandante cuestionó que la jueza no se haya apartado del conocimiento de la causa por decoro procesal.

Evaluaciones psicológicas y testimonios de los menores en el expediente

A diferencia de un proceso en fase preliminar, el expediente judicial ya contaría con entrevistas, peritajes y evaluaciones psicológicas oficiales practicadas a los tres menores de edad. Según los informes periciales citados por la defensa paterna, los menores habrían expresado de manera reiterada su voluntad de residir de forma permanente con el padre, explicando los motivos de esa preferencia y solicitando que el régimen de contacto con la madre se desarrolle bajo visitas periódicas.

El demandante remarca que estos elementos técnicos no habrían sido ponderados con la debida prioridad frente a medidas cautelares o retenciones económicas, señalando que actualmente cumple con una asignación judicial del 45% de sus ingresos mensuales en favor de la contraparte.

Denuncias por presunta violencia y entorno convivencial

El conflicto familiar también ha derivado en acusaciones de carácter penal y tutelar. Palacios formalizó una denuncia por presunta violencia psicológica contra su expareja, Sheila León Florián, aduciendo que se habría inducido a los menores a sustraer cabellos del peine de la actual pareja del demandante para la presunta realización de prácticas esotéricas (brujería). Según el testimonio de los mismos menores, en el inmueble materno se habrían hallado elementos asociados a estas prácticas, lo cual generaría perturbación emocional en los hijos.

Asimismo, el progenitor manifestó su preocupación respecto a la actual pareja conviviente de León Florián, quien en el pasado afrontó una investigación fiscal por presunto acoso sexual. Pese a que dicho caso concluyó con una resolución de archivamiento, no obstante que la denuncia de la agraviada detallaba la forma y circunstancias del hecho denunciado. En este punto, el demandante solicitó que las autoridades evalúen el entorno de convivencia en resguardo de las dos menores adolescentes.

Descargo de la madre y estado de las investigaciones

Por su parte, Sheila León Florián ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y orientadas a perjudicar su imagen ante los tribunales y la opinión pública. La progenitora manifestó que ejerce una maternidad responsable y que los señalamientos responden a una estrategia de confrontación continua por parte de su expareja.

Si bien León Florián reconoció públicamente que el padre cumple con sus obligaciones asistenciales, negó cualquier situación de riesgo o negligencia hacia sus hijos dentro de su hogar.

El caso continúa bajo evaluación en los órganos jurisdiccionales y de control interno del distrito judicial de La Libertad, donde se espera la emisión de las resoluciones de fondo que definan la situación legal de la custodia y el estado del vínculo matrimonial conforme a ley.

Fuente: Diario Uno