Jhuliana Carbonel Carbonel, candidata a diputada por Juntos por el Perú, fue detenida por, presuntamente, estar involucrada en la investigación del caso “Los Pulpos de La Victoria”, quienes se habrían dedicado a supuestos cobros de cupos y actos irregulares dentro de la Municipalidad de La Victoria.

La investigación conllevó a que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realicen el allanamiento de la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y detención a algunos funcionarios municipales. También permitió la detención preliminar por 15 días de 14 presuntos integrantes de la mencionada organización criminal.

Según las investigaciones, la banda habría operado desde el año 2023 desde el área de fiscalización del municipio, donde se organizaban operativos de recuperación de espacios públicos en zonas comerciales de Gamarra, principalmente en el Damero A y B, para luego lotizar esos espacios y venderlos nuevamente a comerciantes ambulantes.

El presunto cabecilla de la organización criminal fue identificado como Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”, tambien capturado en el operativo.

Red criminal se apropió de bienes valorizados en más de USD 25 millones. Investigación fiscal partió del homicidio de un empresario en San Isidro y de un docente en Ate, perpetrados en 2024.

El Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada logró la detención preliminar de 10 presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la apropiación ilícita y usurpación sistemática de bienes inmuebles del Estado, lavado de activos, falsificación de documentos e infiltración en instituciones públicas.

Según las investigaciones, la organización criminal operaba bajo un sofisticado esquema para tomar control de inmuebles de alto valor pertenecientes a congregaciones religiosas, cofradías, propietarios fallecidos o radicados en el extranjero, así como predios con complejidad sucesoria o registral, muchos de ellos administrados por entidades públicas.

A través de la infiltración de funcionarios en distintas entidades del Estado como el Archivo General de la Nación, Registros Públicos (SUNARP), Poder Judicial, notarías públicas e incluso entidades proveedoras de servicios, los investigados habrían construido una aparente legalidad de sus acciones a través de la falsificación de escrituras públicas, minutas, poderes y expedientes judiciales. Ello, con el fin de ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas de los inmuebles valorizados en más de USD 25 millones.

El operativo, liderado por el fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia junto a 29 fiscales de crimen organizado, se ejecutó de manera simultánea en 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad, en coordinación con efectivos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional del Perú.

Como parte de las diligencias, también se realizó la incautación con desposesión de inmuebles en 8 distritos, entre ellos una galería comercial ubicada en el Cercado de Lima, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Beneficencia de Lima.

Cabe destacar que la investigación fiscal inició tras dos homicidios en los que se identificó el uso de una misma arma de fuego. Se trata de Daniel Castillo, asesinado en San Isidro en septiembre de 2024, y Julio Pacheco, docente acribillado en octubre de 2024 en un colegio de Ate Vitarte. A partir de labores de inteligencia, investigación policial y diligencias fiscales, se hallaron elementos que vincularon ambos crímenes con esta organización criminal.

La reciente reducción de la pobreza en el país abre un escenario esperanzador, pero también plantea desafíos importantes para consolidar estos avances y evitar retrocesos.

Desde la Universidad César Vallejo (UCV), la Dra. Raquel Godoy Cedeño, economista y directora de la Escuela de Economía y Finanzas, analizó este panorama y destacó la necesidad de impulsar políticas que transformen el crecimiento económico en bienestar sostenible para las familias.

Crecimiento económico con impacto social

El reciente tablero interactivo del Instituto Peruano de Economía (IPE) evidencia una señal alentadora para el país: en 2025, la pobreza en el Perú se redujo a 25.5 %, permitiendo que más de 564 mil personas salieran de la pobreza durante el último año.

“Este resultado se dio en un contexto de mayor dinamismo económico, impulsado por el crecimiento de la inversión privada y del empleo formal privado. Además, la pobreza disminuyó en 19 de las 25 regiones del país, reflejando una mejora territorial importante”, comentó la directora de la Escuela de Economía y Finanzas.

Sin embargo, el análisis también exige prudencia. A pesar del avance reciente, la pobreza aún se mantiene por encima del nivel registrado antes de la pandemia, cuando alcanzó el 20.2 % en 2019.

Esto significa que todavía existen 2.3 millones más de peruanos en situación de pobreza en comparación con dicho año. Por ello, la especialista de Economía de la UCV consideró “fundamental consolidar políticas públicas sostenidas que permitan cerrar brechas sociales y fortalecer las capacidades productivas de la población”.

La importancia del capital humano y la formalización

“En ese contexto, regiones con importante potencial productivo, agroindustrial y comercial, como La Libertad, representan espacios estratégicos para seguir articulando inversión privada, formación de talento humano y desarrollo territorial”, agregó la Dra. Godoy. Su dinamismo económico puede contribuir progresivamente a generar mejores oportunidades para las familias, siempre que se acompañe de políticas orientadas a impulsar productividad, formalización y acceso equitativo a servicios.

En esa línea, la Escuela de Economía y Finanzas de la UCV reafirma su compromiso con una educación orientada al análisis crítico, la evidencia y el impacto social. Inscríbete en la Universidad César Vallejo: https://bit.ly/4nmlMN0