La minería ilegal es una de las principales actividades delictivas en el Perú junto al narcotráfico y la tala ilegal. Y gracias al dinero ilícito que genera desde hace varios años, sus principales cabecillas han logrado amasar una gran fortuna, filtrarse en la política solventando campañas para tener “apoyo” en los gobiernos de turno y corromper a las autoridades.
La gran minería ha permitido que la formalidad ingrese a diversas regiones, un hecho que definitivamente ha hecho frente a la actividad extractiva ilegal. Sin embargo, la sierra liberteña sigue padeciendo la intromisión de los mineros ilegales que destruyen el ecosistema y ponen en peligro a las comunidades aledañas.
Vigilancia rondera
Por eso, ahora en la provincia de Sánchez Carrión son los propios pobladores quienes vigilan que la minería ilegal no atente contra el medioambiente, ni contra las obras que benefician a sus caseríos. Para lograrlo, han conformado como rondas patrullas para monitorear la actividad ilegal. Y a pesar de los esfuerzos que se han realizado para erradicar a los grandes mineros de Huamachuco, hay dos o tres bandas que siguen depredando por el uso indiscriminado de cianuro y explosivos en esta zona del ande liberteño.
Gracias a un paciente seguimiento se pudieron obtener imágenes que demuestran que continúan las actividades de extracción ilegal en el área. En el lugar se detectó una retroexcavadora, cinco hombres y dos mujeres en el bosque de propiedad de Fernando Polo Espejo, sindicado de ser presunto minero ilegal.
También se registró un nuevo PAD en el terreno que pertenece al sujeto Bacilio, ubicado junto al cementerio, y que acopia material procedente del Cerro Cachito. Durante el recorrido, los pobladores también evidenciaron otro PAD en terrenos que eran de uno de los grandes mineros ilegales de la zona de apellido Gonzales que hace más de un año perdió la vida. Allí se observó que los inescrupulosos cargan mineral de dudosa procedencia. Finalmente, se descubrió un socavón camuflado de donde extraen el mineral.
Desde hace años, la llamada “fiebre del oro” hizo que los mineros ilegales invadieron zonas protegidas o concesionadas y manipularan a los campesinos en contra de la formalidad solventando bloqueos o comprando conciencias de autoridades y medios locales. Lo que todavía sucede en Quiruvilca, Pataz y Sánchez Carrión. Actualmente, son más los pobladores que se oponen a la minería ilegal porque beneficia solamente al dueño de los siniestros socavones, en donde más de 100 de personas han perdido la vida durante los últimos años.
Formalidad generó un gran cambio
En estas localidades del ande liberteño también hay empresas mineras que operan con autorización del estado peruano: La Arena, Boroo Misquichilca y Summa Gold Corporation. Su presencia ha significado formalidad, trabajo directo, empleos indirectos y creación de empresas locales que mejoran la calidad de vida de quienes eligen trabajar conforme a la ley. Estas empresas privadas ofrecieron puestos de trabajo adecuados en zonas rurales como urbanas y demostraron a los pobladores que los mineros ilegales se aprovechaban de la limitada capacidad de control y fiscalización de los territorios ejercida por el estado. Una deficiencia que se hacía más notoria por la complicidad de autoridades e incluso fiscales.
Ante ello, los comuneros instan a las nuevas autoridades del Gobierno Regional y la Prefecta de La Libertad en continuar con el trabajo de sus antecesores y erradicar definitivamente a los mineros ilegales de Huamachuco y otras zonas de la sierra liberteña. La misma población exige que se acabe con estas bandas que siguen expandiéndose y atentando contra el medioambiente.