Tras un amplio debate, el Pleno del Senado del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en la Proposición Legislativa 0013-2026-2031-S, remitida por la Cámara de Diputados, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y prevención, respuesta y recuperación frente al fenómeno El Niño.

La propuesta obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Durante la sustentación, Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, explicó que el dictamen mantiene los dos ámbitos aprobados por la Cámara de Diputados e incorpora siete facultades adicionales, con lo que pasa de 20 a 27 puntos. Señaló que estas modificaciones responden a la función revisora del Senado y buscan fortalecer las medidas propuestas.

En seguridad ciudadana, destacó el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación criminal, los controles migratorios y la fiscalización de armas; las medidas contra la extorsión, el sicariato y la ciberdelincuencia; así como la modernización del sistema penitenciario y la supervisión posterior al cumplimiento de determinadas penas.

Respecto al fenómeno El Niño, resaltó la entrega oportuna de ayuda humanitaria, el apoyo a productores agrarios, la simplificación de procedimientos para infraestructura y las medidas de vivienda y servicios básicos para las familias damnificadas.

Precisó que la delegación tendrá un plazo de 90 días calendario y estará sujeta al respeto de los derechos constitucionales, las autonomías institucionales, los presupuestos aprobados y los controles correspondientes.

AMPLIO DEBATE

Desde el Partido del Buen Gobierno, la senadora Nora Bonifaz Carmona defendió el consenso alcanzado en la sesión del Pleno de Diputados para aprobar 20 facultades en las dos materias prioritarias. Cuestionó la incorporación de siete adicionales en el Senado, al considerar que altera ese acuerdo y afecta el equilibrio entre ambas cámaras.

En la misma línea, Patricia Iturregui Byrne sostuvo que la función revisora tiene límites y advirtió que incorporar materias distintas a las remitidas por diputados desconoce sus competencias. Señaló, además, la necesidad de revisar el diseño bicameral para garantizar contrapesos y mecanismos de resolución de discrepancias.

Carlos Caballero León respaldó las 20 facultades aprobadas en la Cámara de Diputados y propuso evaluar individualmente las siete incorporaciones. Solicitó precisar los límites, responsabilidades y controles de la participación militar en seguridad interna, además de fortalecer a la Policía Nacional y la prevención de desastres.

Por Ahora Nación, la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín cuestionó el uso de la delegación para impulsar medidas que, a su juicio, exceden la atención de las urgencias nacionales. Advirtió que las incorporaciones podrían afectar derechos y concentrar poder en el Senado, en perjuicio del equilibrio institucional.

Ruth Luque Ibarra solicitó que el debate se circunscribiera a los 20 puntos remitidos por diputados, sin incluir las siete propuestas adicionales. Asimismo, Alfonso López Chau propuso aprobar las 20 facultades consensuadas en diputados y tramitar las medidas adicionales mediante proyectos de ley que pudieran debatirse con rapidez. Sustentó su posición en el artículo 107 de la Constitución, referido a la iniciativa legislativa, y llamó a construir una salida que preserve el respeto institucional y los acuerdos.

En Juntos por el Perú, el senador Iber Maraví Olarte rechazó las facultades adicionales por considerar que vulneran la Constitución y el Reglamento. Sostuvo que el Ejecutivo ya dispone de herramientas para atender las emergencias y expresó preocupación por posibles afectaciones a los derechos ciudadanos.

Silvana Robles Araujo anunció su voto en contra del dictamen al considerar que las medidas propuestas no resolverían la inseguridad. También cuestionó las facultades vinculadas al fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia y advirtió riesgos para los principios democráticos.

Jesús Castillo Terrones pidió respetar lo aprobado por la Cámara de Diputados y considerar a las juntas vecinales y rondas campesinas dentro de las estrategias de seguridad ciudadana. Reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la población.

Por el Partido Cívico Obras, el senador Walter Gago Rodríguez anunció su respaldo a la delegación para generar oportunidades para los emprendedores y las familias de menores recursos, así como atender las consecuencias del fenómeno El Niño. Precisó que su bancada exigirá resultados al Ejecutivo y ejercerá un control político riguroso.

En tanto, Daniel Barragán Coloma destacó que su bancada promovió en diputados la reconsideración que permitió continuar con el trámite de las facultades. Respaldó su aprobación para facilitar la respuesta del Ejecutivo ante la inseguridad y el fenómeno El Niño, impulsar las inversiones y atender las distintas necesidades regionales, con evaluación posterior desde el Parlamento.

Por su parte, desde Renovación Popular, Lourdes Alcorta Suero defendió las modificaciones como mejoras al texto remitido por diputados. Destacó las reuniones entre voceros para construir acuerdos y cuestionó el retiro de apoyos y las ausencias que, según señaló, dificultaron el debate y el quorum.

Francisco Calisto Giampietri defendió el fortalecimiento de la inteligencia y de las herramientas operativas del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales. Sostuvo que el apoyo de las Fuerzas Armadas busca proteger a la ciudadanía y respaldar a la Policía Nacional frente a amenazas que pueden superar su capacidad de respuesta.

El vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante Barrios, respaldó la delegación y sostuvo que responde a las necesidades urgentes de la población afectada por la inseguridad y el fenómeno El Niño. Cuestionó las posiciones contrarias al dictamen y defendió las atribuciones constitucionales y reglamentarias del Senado para revisar la propuesta.

Desde Fuerza Popular, Karla Shaefer Cuculiza subrayó la urgencia de otorgar herramientas al Ejecutivo para atender los efectos del fenómeno El Niño, especialmente en Piura, Tumbes y Lambayeque. Reclamó propuestas concretas y una respuesta coordinada de los distintos niveles de gobierno.

Su colega, Fernando Rospigliosi Capurro respaldó la restitución de facultades operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional para enfrentar la delincuencia y las amenazas tecnológicas. Asimismo, defendió la potestad del Senado de modificar los textos remitidos por Diputados como parte del equilibrio bicameral.

Alejandro Aguinaga Recuenco pidió aprobar las 27 facultades para combatir la extorsión y el crimen organizado, bloquear las comunicaciones ilegales desde los penales y acelerar la ayuda humanitaria y las obras frente al fenómeno El Niño. Subrayó que su aprobación debe acompañarse de fiscalización para asegurar resultados.

Finalmente, Patricia Juárez Gallegos defendió la facultad del Senado para modificar las propuestas remitidas por diputados y sostuvo que las incorporaciones al dictamen respetan las materias de la delegación solicitada por el Ejecutivo. Exhortó a aprobar las facultades para enfrentar la criminalidad y el fenómeno El Niño, priorizando la atención de la población más vulnerable.

Fuente: Congreso de la República

El Papa León XIV fue dado de alta médica hoy sábado 17 de octubre del hospital Agostino Gemelli de Roma, donde permanecía ingresado tras someterse a una intervención quirúrgica el pasado martes 13.

Los médicos confirmaron su evolución favorable después de realizarle análisis de sangre y una radiografía de tórax, cuyos resultados indicaron que estaba en condiciones de regresar al Vaticano. Incluso refirieron que podría viajar a Sudamérica sin algún inconveniente.

«Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje», sostuvo el profesor Stefano Margaritora, cirujano que el martes 13 de octubre operó a León XIV del pulmón, afirma en una entrevista concedida a los medios vaticanos que, desde el punto de vista médico, el Papa puede afrontar el exigente viaje a América Latina previsto del 6 al 17 de noviembre.

Antes de salir del centro sanitario, el Papa celebró la Santa Misa en la habitación habilitada para ello, en la décima planta del centro médico.

Además, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció que este domingo 18, LeónXIV dirigirá la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

📸Vatican Media

La Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, que dirige el fiscal provincial Rafael Gonzáles Hurtado, en coordinación con el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO «B») de la Policía Nacional del Perú, ejecutó un operativo simultáneo en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Ica y el penal de Chorrillos.

La intervención permitió desarticular a la presunta organización criminal «Los Alcaeda», dedicada al cobro de cupos e ilícitos afines.

El despliegue contó con la participación de 19 fiscales y personal policial especializado, lo que permitió conseguir la detención preliminar judicial de nueve personas vinculadas a la red.

Entre los intervenidos se encuentran Alfredo S., Genaro P., Claudia R., Carolina S., José P., Mateo A., Kelly G., Ángel P. y Yorman M. Asimismo, las autoridades procedieron con el allanamiento, descerraje y registro domiciliario en múltiples inmuebles.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta red criminal operaba extorsionando a choferes de rutas informales y a conductores de las empresas de transporte público Nuevo Reynoso, Nuevo Gambeta y P.A.S.A., las cuales transitan por el corredor de la avenida Argentina, entre el Callao y el Cercado de Lima. Se calcula que al menos 83 choferes resultaron agraviados por las exigencias económicas de la banda.

A la organización «Los Alcaeda» se le atribuye además la autoría en el asesinato de cuatro conductores que se negaron a pagar las cuotas extorsivas impuestas. Durante las diligencias, los efectivos incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversa documentación con registros anotados de los cobros ilegales, elementos que formarán parte del acervo probatorio por los delitos de extorsión agravada y organización criminal.