El próximo viernes 23 de mayo, el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón (HREGB) de Chimbote será sede de la campaña Caritas Felices 2025, una iniciativa que busca operar de manera gratuita a 30 pacientes con labio y paladar hendido, una condición que, según el Ministerio de Salud, afecta a 2,500 bebés cada año en Perú.

Con el fin de facilitar el acceso a esta cirugía reconstructiva a aquellas familias que no cuentan con los recursos necesarios, el HREGB, la Asociación Civil Misión Caritas Felices —con el respaldo de Smile Train—, y empresas privadas, como Autopista del Norte (Grupo Aleatica), se han unido para impulsar esta jornada médica solidaria.

¿Cómo participar?

Los pacientes interesados deberán acudir al hospital, ubicado en Nuevo Chimbote, el 23 de mayo entre las 8 a. m. y 12 m. (fecha única) para las evaluaciones preoperatorias. Es indispensable que los menores estén acompañados por un padre o apoderado y porten ambos su DNI.

Los niños afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) deben tramitar su hoja de referencia al HREGB.

De acuerdo con los promotores, la citación de las personas interesadas al nosocomio es para una evaluación por un equipo multidisciplinario, la cual es determinante para que los especialistas programen o no la operación. La selección de beneficiarios considerará factores como el estado nutricional, situación socioeconómica y edad del paciente.

Para más información o inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los números de WhatsApp: 999 741 727 y 943 650 880.

Exhorta a adoptar medidas focalizadas y proporcionales

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) expresó su más profunda solidaridad con las familias de las trece víctimas del repudiable acto de violencia criminal ocurrido en el distrito de Pataz. Sin embargo, considera que la decisión del Gobierno de suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito para el desarrollo de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Tayabamba y también en Parcoy, sin diferenciar entre operaciones formales y actividades informales o ilegales, representa una medida desproporcionada y contraria a los principios constitucionales que amparan la libertad de empresa y el derecho al trabajo.

La empresa se encuentra ubicada en el distrito de Parcoy, a más de 90 kilómetros del distrito de Pataz, donde se registraron los hechos que condenan. «Las operaciones se han caracterizado por desenvolverse en un entorno de paz social, diálogo constante y acuerdos sostenibles con nuestras comunidades vecinas, como Llacuabamba, que también realiza actividad minera formal debidamente autorizada por el Estado. En nuestra unidad minera laboran más de 4,500 personas entre trabajadores propios y contratistas, quienes también se verán seriamente afectados por esta medida, al igual que sus familias, que dependen directamente de ellos”, indicaron.

En este sentido, respaldaron la necesidad de una intervención decidida del Estado y valoran la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Sin embargo, consideran que la imposición de restricciones a la libertad de tránsito que materialmente impiden el desarrollo de actividades mineras formales. “Solo debilita al sector formal sin atacar el verdadero origen del problema: la minería ilegal, la informalidad y la falta de autoridad efectiva. La paralización de nuestras actividades no solo afectaría a la producción minera, sino también a miles de puestos de trabajo, cadenas de proveedores, comercios y economías locales», indicaron.

«En lugar de sancionar a quienes operamos conforme al marco legal, el enfoque debe dirigirse a erradicar la criminalidad que se ha infiltrado en determinadas zonas, sin por ello estigmatizar a toda una Provincia ni frenar las operaciones de empresas mineras y comunidades formales que aportan al desarrollo local y nacional. Basta señalar que una paralización de nuestras operaciones afectaría no solo la producción minera, sino también miles de puestos de trabajo, cadenas de proveedores, comercios y economías locales enteras, agregaron.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la legalidad, la paz social, la transparencia y el desarrollo sostenible. La empresa confía en que el Gobierno rectificará esta medida, aplicando restricciones proporcionales, focalizadas y que no afecten injustamente a quienes cumplen con la ley y generan desarrollo, aplicando soluciones eficaces y justas que enfrenten el crimen sin castigar al formal.

El Cardenal estadounidense y nacionalizado peruano Robert Prevost fue elegido como el nuevo Papa de la Iglesia Católica, tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril. La elección se llevó a cabo en el segundo día del cónclave, con la fumata blanca apareciendo a las 18:08 horas, señalando el consenso alcanzado por los 133 cardenales presentes y quien ahora recibe el nombre de León XIV.

Prevost, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, es miembro de la Orden de San Agustín. Ha tenido una destacada trayectoria en América Latina, especialmente en Perú, donde fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

En la arquidiócesis de Trujillo, fue vicario judicial (1989-1998) y profesor de derecho canónico, patrístico y moral en el Seminario Mayor “San Carlos y San Marcelo”.

Su elección marca un hito histórico, ya que es el primer Papa estadounidense y el primero con vínculos significativos con América Latina. Prevost es políglota y ha trabajado extensamente en la formación y evangelización en el continente. Su nombramiento es visto como un puente entre las realidades eclesiales de América del Norte y América Latina.