El evento público regional “Integridad pública y lucha contra la corrupción” es organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con la permanente coordinación de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en colaboración con la Universidad Nacional de Trujillo y el apoyo técnico de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, a través del proyecto Construyendo Gobernanza con Integridad.

Según un reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Regional de La Libertad ocupa el tercer lugar en capacidad preventiva contra la corrupción (87%), después de Cusco (94%) y Huánuco (89%). Así, La Libertad es una de las regiones con mayor avance en la implementación del Estándar de Integridad. Sin embargo, el reporte precisó que hay acciones pendientes como la aprobación de directivas para promover la transparencia e integridad en el proceso de contratación y establecer medidas de protección para denunciantes.

Como parte del evento público regional, se presentarán dos estudios promovidos por el CIES y los resultados de la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción. Las exposiciones estarán a cargo de Jorge Morel (Instituto de Estudios Peruanos – CIES), Cristina Glave (APOYO Consultoría – CIES) y Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética. El panel de comentaristas estuvo conformado por José Luis Agüero, jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad; y Melissa Díaz, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. La inauguración recayó en Cinthya Tello, asesora técnica senior de GIZ, del proyecto Construyendo Gobernanza con Integridad, mientras que la clausura estuvo a cargo de Violeta Aguilar, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Estos son los principales hallazgos y propuestas de política de los estudios presentados en el evento:

Las políticas anticorrupción deben ir de la mano con políticas a favor de la igualdad de género

El estudio Documento de política sobre género y corrupción, de Cristina Glave (APOYO Consultoría – CIES), resalta la necesidad de incorporar en un enunciado específico la afectación o impactos diferenciados que tiene la corrupción por género. Este enunciado, señala la autora, debe ir de la mano con la creación de objetivos específicos, indicadores y líneas de acción. El contexto para dar estos pasos es propicio, pues la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción se viene actualizando y se planea aprobar una nueva política al 2030.

Glave resalta que es necesario romper con el “silencio estadístico”. La producción y utilización de datos, junto con un banco de casos y jurisprudencia que evidencia los impactos diferenciados por género de la corrupción, permitirá que tanto hacedores de política como actores privados puedan usarla de insumos.

La investigación también explica cómo la incorporación de delitos como la sextorsión ayuda a visibilizar la problemática y está alineada con un eje de combate de la corrupción, permitiendo nombrar situaciones que suelen ser normalizadas.

Finalmente, el estudio de Glave plantea que la elaboración y difusión de contenido relevante y capacitaciones en materia de género y corrupción permite la generación de capacidades en funcionarios y gestores públicos. Para ello, actores privados y de la sociedad civil pueden ser aliados estratégicos.

La lucha contra la corrupción requiere de colaboración público-privada para implementar políticas con evidencia

El estudio Integridad y lucha contra la corrupción. Balance de Investigación 2016-2021 y Agenda de Investigación 2021-2026, de Jorge Morel (Investigador IEP – CIES), da cuenta de importantes avances en normativa anticorrupción entre 2016 y 2021. Sin embargo, también destaca que la intervención de la academia ha sido principalmente a través del trabajo de actores individuales, y que la influencia de los estudios en políticas públicas ha sido mínima.

Uno de los temas más estudiados en el último quinquenio ha sido el de la corrupción en obras públicas. La reforma política y judicial de mediados de 2018 llevó a una mayor apertura del Ejecutivo peruano a los expertos que venían estudiando estos temas. Posteriormente, el tema de la transparencia y la apertura de datos adquirió relevancia durante la pandemia de la COVID-19. Según explica Morel, estos importantes temas van a seguir siendo objeto de interés para la academia, pero la agenda de investigación también puede ser más ambiciosa, rompiendo con los abordajes tradicionales de la corrupción.

Como señala el estudio, los expertos recomiendan priorizar estudios sobre diseño de políticas de integridad sectoriales, apertura y uso de datos, balances de reformas, entre otros. Además, recomiendan que las ciencias sociales apuesten por estudiar el modelo de integridad que viene implementado el Estado peruano.

Más de la mitad de peruanos considera que la corrupción genera menor crecimiento económico y mayor pobreza y desigualdad

De acuerdo a los resultados de la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción (2022), elaborada por Ipsos Perú por encargo de Proética, 8 de cada 10 peruanos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años. Además, alrededor de 9 de cada 10 peruanos consideran que la corrupción afecta su vida cotidiana. Principalmente, las mujeres y las personas mayores.

El Congreso de la República sigue siendo percibido como la institución más corrupta del país, aunque esta percepción ha disminuido en comparación a la encuesta del 2019. En cambio, el Poder Judicial pasó a ocupar el tercer puesto en la percepción como institución más corrupta.

La encuesta también revela que 12% de peruanos señala haber entregado una coima, regalo o pago indebido en los últimos 12 meses hasta la realización de la encuesta. Uno de los principales motivos que indicaron para dicha conducta es la creencia de que, si uno no paga, las cosas no funcionan.

Asimismo, 15% de peruanos puntúa alto en el índice de propensión a la corrupción, que busca medir el grado de cercanía de la población a actitudes y experiencias de corrupción cotidiana o trasgresión. Los hombres, las personas mayores y de menores niveles socioeconómicos resultaron con los puntajes más altos en este índice.