Nacional
Contraloría determina responsabilidad en 10 funcionarios de la ONPE por irregularidades
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe de control que determina presunta responsabilidad penal y/o administrativa entidad en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo al exjefe de dicha entidad, en una serie de irregularidades que provocaron demoras y la afectación del derecho de sufragio de 55 261 electores de Lima Metropolitana durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 12 de abril.
Favorecimiento indebido
En el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE se revela que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE requirieron la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, con términos de referencia que no determinaban la cuantificación real de vehículos requeridos para el transporte de material y equipos informáticos electorales.
A esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un criterio que no estaba establecido en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168 148.19.
Asimismo, con la aplicación del criterio de reducir en dos metros a la longitud de los vehículos, se evidenció que los evaluadores consignaron información inexacta respecto a la capacidad de carga de seis vehículos del postor ganador, por lo que se le adjudicó un puntaje que no le correspondía, no obstante que su oferta fue superior en S/ 469 404.09 con respecto al postor que debió resultar adjudicado de la buena pro.
Estas situaciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral al favorecer indebidamente al postor ganador, quien además dio el servicio con 437 vehículos de terceros (92 % del utilizado) y solo con 40 vehículos propios (8 %), lo que se originó por el accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección.
Del mismo modo se verificó el accionar irregular del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, quienes a pesar de tener conocimiento de la cantidad mínima de vehículos que se requería (68 vehículos propios hasta un total de 400 vehículos), no actualizaron su requerimiento y se procedió a elaborar los términos de referencia sin determinar ni consignar en los mismos la cuantificación real de vehículos (400) para realizar el servicio de transporte a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.
Distribución inoportuna afectó a electores
Otro hecho irregular fue que funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral solicitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales de la jornada de capacitación (realizada el 5 de abril de 2026) para destinarlos al proceso de Elecciones Generales 2026 como contingencia.
Sin embargo, ello se realizó sin efectuar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos y sin realizar ninguna observación, viabilizando el repliegue y entrega inoportuna de dichos equipos, a pesar de tener conocimiento de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).
Estos mismos funcionarios, el pasado 11 de abril a las 16:28 horas, efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragios que involucraban a 2 453 791 electores, consignándose por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales.
Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitano y se afectó el derecho de sufragio de 55 261 electores y la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte para su despliegue.
La Contraloría determinó que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración tramitaron y aprobaron, entre el 7 y 9 de abril de 2026, prestaciones adicionales por S/ 650 205.94, derivado del contrato de servicio de transporte de material y equipos informáticos electorales por S/ 6 368 332.75, sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato.
Como parte de las prestaciones adicionales se solicitó sin sustento alguno el incremento de rutas, unidades vehiculares de contingencia y la variación del precio unitario de S/ 0.60 por kilogramo para el servicio de repliegue de 5441 equipos informáticos desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Metropolitana y Callao al local de Lurín hasta S/ 6.00 por kilogramo desde los locales de votación al local de Lurín, lo que significó un incremento de 900 % respecto del contrato principal.
Recomendaciones
La Contraloría General recomendó al titular de la ONPE realizar las acciones que permita efectuar el deslinde las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares.
También se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades. Finalmente, el informe recomienda comunicar los hallazgos del informe al titular de la Junta Nacional de Justicia para que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
Ante este informe, ONPE emitió el siguiente comunicado:

Nacional
Fiscalía logra detención preliminar contra policía que habría pedido S/ 100 para recibir denuncia ciudadana por extorsión
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Sexto Despacho) logró convalidar la detención preliminar por siete días contra el suboficial de segunda de la Policía Nacional (SO2 PNP) Christian Cancho, investigado por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y tráfico ilícito de datos informáticos.
La medida fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Javier Martin Cuadros Gutiérrez para realizar diligencias inaplazables luego de que el agente policial fuera detenido en flagrancia, el 20 de agosto, por la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (Dircocor).
Según la denuncia, el investigado —quien prestaba servicios en la Central 111 contra extorsiones— condicionó la recepción de una denuncia telefónica al pago de S/ 100. Con ello, logró que la víctima le transfiriera S/ 70 soles vía Yape con el argumento falso de geolocalizar al extorsionador.
Para la fiscalía anticorrupción, la gravedad del hecho se evidencia por haberse cometido durante el estado de emergencia en Lima y Callao, periodo en el que las fuerzas del orden deben priorizar el combate a la criminalidad. La conducta del procesado, asimismo, habría afectado a un ciudadano que acudió precisamente a una central de ayuda ante amenazas contra su vida por extorsión.
Durante las primeras indagaciones fiscales, se detectó que el imputado cuenta con una sentencia firme emitida en mayo de 2026 por delitos informáticos relacionados con la práctica de «doxeo» o filtración ilegal de datos. Este antecedente refuerza la hipótesis fiscal sobre una reiterada conducta en el manejo indebido de información reservada dentro de la función policial.
El Ministerio Público ejecutará peritajes informáticos a los dispositivos incautados en el operativo de detención. Asimismo, requerirá levantamientos de secreto bancario y tomará declaraciones clave para definir el requerimiento de prisión preventiva en contra del imputado. A través de ello, se busca reunir los elementos de prueba para asegurar que el presunto acto ilícito sea sancionado.
Nacional
Colapso de muro deja un escolar fallecido y otro herido en Iquitos
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto y efectivos de la Policía Nacional del Perú realiza diligencias urgentes en la I.E. Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos, tras el colapso de un muro que provocó la muerte de un estudiante, identificado como Taylor Yaicate Rico para (18), y dejó a otro herido. Ambos serían del quinto grado de secundaria.
Se dispuso la detención del director de la institución educativa, así como de un docente, quienes serán investigados a fin de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, junto con personal de la Unidad Médico Legal (UML), realizan diligencias en la morgue del Hospital Regional de Loreto, tras el fallecimiento de uno de los estudiantes.
Según uno de los padres de familia, los estudiantes habrían estado realizando trabajos de demolición por orden de un docente.El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
Por su parte, el Gobierno Regional de Loreto emitió un comunicado en el que brinda sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del estudiante y señala que, en el marco de sus competencias, entregará información sobre la obra, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes. Además, inspeccionarán las estructuras existentes en la institución educativa.

Nacional
Keiko participa en entrega de 900 chalecos a policías del Callao
La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en la entrega de 900 chalecos antibalas nivel IIIA para el equipamiento táctico y protección integral del personal asignado a la Región Policial del Callao.
Acompañada del ministro del Interior, César Astudillo y el alto mando policial, la jefa de Estado ratificó su respaldo a la Policía Nacional del Perú y destacó que la PNP está en la primera línea cuando la ciudadanía los necesita, por lo que afirmó, “el Estado debe estar a la altura de ese compromiso”.
“Con el ministro del Interior vamos a enfrentar la delincuencia, con autoridad, con inteligencia, con presencia del Estado y con resultados. No permitiremos que el crimen imponga el miedo en nuestras calles”, enfatizó.
La presidenta resaltó la importancia y utilidad de los chalecos antibalas, al destacar que esta mañana recibió el testimonio de policías heridos en acción, internados en el Hospital de la Policía, a quienes visitó, llevando un mensaje de reconocimiento a su labor.
“Venimos del Hospital Policial y ahí he podido abrazar, felicitar a varios miembros, todos valerosos, que pusieron su vida en riesgo. Vengo llena de emoción y de profundo orgullo y pude conversar con el suboficial Luis Llatas, que recibió cuatro impactos, tres de ellos no llegaron a su cuerpo porque tuvo un chaleco antibalas”, relató.
En ese sentido, la presidenta Fujimori resaltó el significado especial del acto de entrega de chalecos. “Cuando un policía sale a protegernos, hay toda una familia detrás que espera volverlo a ver en casa. Por eso hoy entregamos 900 chalecos antibalas a nuestra Policía del Callao, de Ventanilla y Mi Perú”, señaló la jefa de Estado.
Cabe señalar que, durante su visita al Hospital de la Policía, la presidenta Fujimori visitó al coronel Carlos Montúfar Lezama, el suboficial superior César Moscoso Zapata, el suboficial de segunda Jhordan Torres Fernández; y el suboficial de tercera PNP Luis Alberto Llatas Constantino; todos heridos en la lucha contra la criminalidad.
“Por su esfuerzo y valentía, les agradezco su trabajo para recuperar la paz. Nuestro gobierno se siente orgulloso de la Policía”, manifestó la presidenta.
Incautación de armas, explosivos y productos pirotécnicos
Como parte de su agenda de trabajo, la mandataria también participó en la presentación de armas de fuego, explosivos y productos pirotécnicos incautados a nivel nacional realizada en la sede del Ministerio del Interior.
Allí, la jefa del Estado afirmó que su Gobierno dará una respuesta firme al crimen organizado, como parte de una estrategia orientada a recuperar la seguridad y tranquilidad de los peruanos.
“La lucha contra la inseguridad ciudadana no se gana solamente reaccionando cuando el delito ya ocurrió. Se gana, sobre todo, anticipándonos, controlando y quitándole a la delincuencia los recursos que necesita para operar”, sostuvo la jefa de Estado.
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