El Colegio de Abogados de La Libertad emitió un comunicado en la cual rechaza la designación de Maria Del Carmen Olórtegui Risco, pues aseguran que no cumple el perfil, para ocupar el cargo de representante de la Defensoria del Pueblo de La Libertad.

“El Colegio de Abogados de La Libertad en cumplimiento de su deber de resguardar la institucionalidad y cautelar los intereses de la ciudadania expresa su profunda preocupación por la reciente designación de la representante de la defensoría del pueblo en la libertad – 2024, Srta. Maria Del Carmen Olórtegui Risco, no solo por atentar contra nuestra Constitución al estar dicha persona afiliada y tener cargo directivo en un partido político, sino porque además no cumple con el perfil idóneo para tan alto cargo, cuyas funciones están intrínsecamente ligadas a la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; asi como a supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios publicos en la ciudadania.”

“Debemos recodar que nuestro Tribunal Constitucional Peruano en el Exp. 5057-2013-PA/TC de manera instructiva indicó que la condición de funcionario o servidor público no se identifica, por ejemplo, por un tipo de contrato o vinculo de un trabajador con la administración pública, sino por el desempeño de funciones públicas en las entidades del Estado de manera imparcial y objetiva.

Por ello, la designación para tales cargos en sus tipos de confianza o concurso responde a: i) su capacidad cualificada al cargo; ii) méritos a razón de la experiencia profesional; iii) habilidades de gestión o profesionalización; iv) idoneidad para el cargo al que postula; y, v) comportamiento ético, entre otras que se estime pertinente en función del cargo y especialidad”.

“Bajo dicho marco constitucional, se advierte que dicha designación contraviene no solamente el marco constitucional como es el artículo 162 de nuestra Constitución, relativo a supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y reconocimiento en su forma de tutelar los derechos fundamentales, sino también, el artículo 6 de la ley orgánica de la defensoría de pueblo que expresa: » artículo 6°.- la condición del defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo politico, filiación politica o sindical, asociación o fundación, con la carrera judicial o con el ejercicio de cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria”.

“Causa extrañeza que la designación haya recaído en una profesional en psicologia sin experiencia e idoneidad acreditada para los fines que serían propias de su función; cuando el perfil para tan importante cargo debería ser más bien el de un abogado con especialidad o experiencia en derechos humano o afines. Llamamos a una reflexión al Defensor del Pueblo nacional e instamos a los representantes de todas las instituciones públicas a trabajar con idoneidad por nuestra Nación, sin intereses particulares y/o partidarios”.