El Gobierno declaró días no laborables sujetos a compensación para los trabajadores de los sectores público y privado en Lima, la Provincia Constitucional del Callao y seis regiones del país, con motivo de la visita de Su Santidad el papa León XIV al Perú, según el Decreto Supremo Nº 020-2026-TR.

La norma establece que, en Lima y el Callao, los días no laborables comprenderán el 11 y 12 de noviembre, desde las 13:00 hasta las 24:00 horas, así como el 16 de noviembre de 2026, para ambos sectores laborales.

En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, la medida regirá el 13 y 14 de noviembre para los trabajadores públicos y privados. En Cusco y Ucayali, el día no laborable del 15 de noviembre se aplicará únicamente al sector privado.

En este último sector, los centros de trabajo podrán acogerse a la medida previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Si no existe consenso, corresponderá al empleador decidir. Asimismo, el acuerdo deberá establecer cómo se recuperarán las horas dejadas de laborar; en ausencia de acuerdo, el empleador determinará la forma de compensación.

Para los servidores públicos, las horas no trabajadas deberán recuperarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad, según sus necesidades.

La disposición también precisa que, para fines tributarios, los días no laborables compensables tendrán la consideración de días hábiles.

Servicios indispensables

El decreto dispone que los titulares de las entidades públicas comprendidas en los ámbitos geográficos señalados adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos indispensables para la comunidad.

Además, las empresas privadas que brindan servicios esenciales o actividades de especial relevancia para la población podrán determinar los puestos excluidos de los días no laborables y los trabajadores que continuarán laborando. La medida comprende, entre otros, los servicios sanitarios, transporte, comunicaciones, electricidad, agua, seguridad, establecimientos de hospedaje, restaurantes y entidades financieras.

Efectivos policiales detuvieron en flagrancia en Trujillo a Alberto Martín Bertini Rodríguez, (45), subgerente de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio.

La intervención se realizó tras una denuncia de un representante de la empresa de transportes California. El funcionario habría solicitado S/1500 a cambio de no imponer una sanción de 30 días a la empresa.

A partir de la denuncia, personal policial especializado ejecutó un operativo para verificar los hechos denunciados.

Durante la acción policial se encontró en poder del intervenido la suma de S/1500, dinero que habría sido entregado minutos antes por el denunciante. El cotejo de los billetes con el acta correspondiente arrojó resultado positivo, procediéndose con su incautación para las diligencias de ley.

El operativo contó con la participación del Ministerio Público. El detenido fue trasladado a la unidad especializada para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a ley.

Ante las presuntas evidencias, la Municipalidad Provincial de Trujillo informó la desvinculación del funcionario de la actual gestión edil. Aseguran que rechazan todo acto de corrupción.

Ante la coincidencia de anomalías hidrometeorológicas en América Latina y la presencia atípica de ictiofauna de aguas cálidas en el mar peruano, el país enfrenta una ventana crítica de oportunidad para prepararse ante un eventual escenario considerado como Mega Niño.

Bajo esta premisa, el Dr. Paolo Amaya Alvarado, docente del programa SUBE de la Universidad César Vallejo (UCV) – campus Trujillo, sostuvo que el Perú debe cambiar radicalmente su enfoque asistencialista y priorizar la inversión preventiva por encima del costo de la reconstrucción posterior.

El riesgo en cascada y las señales del ecosistema

El especialista explicó que los eventos extremos registrados en la región —como las variaciones hidráulicas en la cuenca del Iguazú (entre Brasil y Argentina), alteraciones climáticas en Colombia y anomalías en la temperatura del Pacífico— no deben analizarse de forma aislada.

“El verdadero problema no es únicamente cuánto puede llover, sino dónde estamos construyendo y qué tan preparados están nuestros servicios esenciales. Un evento climático extremo desencadena un riesgo en cascada: la activación de una quebrada destruye vías de comunicación, interrumpe el abastecimiento de alimentos y medicamentos, colapsa el agua potable y favorece vectores de enfermedades”, precisó.

Inversión preventiva y soluciones basadas en la naturaleza

Desde la gestión prospectiva del riesgo, el catedrático remarcó que las amenazas de gran magnitud deben abordarse como oportunidades para corregir vulnerabilidades históricas. Destacó que las inversiones dirigidas a fortalecer drenajes pluviales, proteger infraestructura crítica y ordenar el territorio no se pierden si el fenómeno alcanza una menor intensidad, sino que se consolidan como activos permanentes para el desarrollo sostenible.

Cinco prioridades estratégicas para el país

Frente a un eventual escenario de emergencia, el Dr. Paolo Amaya planteó cinco ejes de intervención inmediata que deben articularse entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades: ordenamiento territorial y reducción de exposición, infraestructura resiliente, seguridad alimentaria e hídrica, seguridad sanitaria y ciencia y sistemas de alerta temprana.

“Trabajar con probabilidades es el corazón de la gestión del riesgo. Si el Mega Niño no alcanza la magnitud temida, habremos ganado ciudades con mejores drenajes, cuencas protegidas, infraestructura más segura y comunidades organizadas”, concluyó el académico.