La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho) consiguió que se dicte una condena de 35 años de prisión efectiva para Erick Moreno, alias ‘Monstruo’, por planificar y dirigir el secuestro de dos empresarios y sus familiares en el distrito de Comas. También se le ordenó el pago de S/ 91 400 como reparación civil a favor de los agraviados.

El fiscal provincial Porfirio Vladimiro Capcha Fuentes Rivera, a cargo del caso, demostró en juicio oral que los actos ilícitos se ejecutaron el 12 de marzo de 2020. Entonces, uno de los agraviados fue interceptado por Manuel Azpilcueta, Eduardo Torres y otros sujetos en proceso de identificación, quienes, vestidos con chalecos de la Policía, lo privaron de su libertad y llevado a un inmueble del distrito de Ancón, donde fue recibido y amenazado por Erick Moreno y Yen Atalaya.

Al día siguiente, el segundo empresario fue interceptado, cuando se dirigía a la avenida San Felipe, por un auto y sujetos vestidos con chalecos de la Policía. Los sujetos lo subieron violentamente al vehículo para secuestrarlo y posteriormente ser custodiado por Azpilcueta y Torres durante el traslado.

Cabe precisar que el hoy sentenciado, Erick Moreno, ordenó que los agraviados sean agredidos y grabados pidiendo la suma de hasta USD 300 000 para liberarlos. Por ello, la familia del primer empresario entregó, el 15 de marzo de 2020, parte del dinero en efectivo, los cuales acordaron dejar al interior de una caja en el puente El Tambo (distrito de Comas).

Sobre la base de estos hechos, en el que se logró el rescate de las víctimas por parte de la Policía Nacional y resultó fallecido el agente William Ríos, el Ministerio Público dispuso la realización de diligencias inmediatas, lo que permitió identificar a Moreno como el responsable de planificar y dirigir el secuestro de los empresarios. Posteriormente, el fiscal Porfirio Capcha solicitó y consiguió que dicten su captura a nivel internacional y sea extraditado al país para ser juzgado.

Entre los medios probatorios sustentados destacan las denuncias policiales, las actas de intervención policial y de registro del inmueble, la declaración de los empresarios, los efectivos intervinientes y testigos; así como los certificados médico legales, la visualización de las cámaras de seguridad y los teléfonos celulares de Azpilicueta, entre otros.

Cabe mencionar que también se consiguió que José P. sea sentenciado a 35 años de prisión efectiva; mientras que a Manuel Azpilicueta, Eduardo Torres, Yen Atalaya, Rosa E. y Anderson R. se les dictó una condena de 30 años de prisión efectiva por su participación en los hechos.

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada del Callao ejecutó la detención preliminar de 25 presuntos integrantes de «La red del silencio», la cual se dedicaría a la extorsión y cobro de cupos a empresas de transporte del Callao y Lima Norte.

La medida también incluye el allanamiento de 21 inmuebles en los distritos del Callao, Los Olivos, San Martín de Porres, Chorrillos, Surquillo y Puente Piedra, así como una celda del penal de Lurigancho.

De acuerdo con la investigación fiscal, esta organización criminal exigía pagos diarios entre S/ 10 y S/ 40 por unidad vehicular, llegando incluso hasta S/ 70 diarios.

También se les atribuye la participación en atentados contra vehículos, disparos contra conductores y otros actos de violencia destinados a reforzar el cobro de las cuotas extorsivas.

Un estudio nacional de la iniciativa Saber para Crecer revela que el 87% de los peruanos considera que la inversión en infraestructura genera empleo, evidenciando el impacto que pueden tener estos proyectos en el desarrollo regional.

Cuando una carretera no se construye, un puerto no se moderniza o una obra de infraestructura se retrasa durante años, las consecuencias van más allá de los cronogramas. Para muchas regiones del país, la falta de inversión puede traducirse en menos empleo, menor conectividad y oportunidades de desarrollo que tardan años en llegar.

Según el estudio Percepciones sobre la Inversión Extranjera Directa en el Perú, elaborado por la iniciativa Saber para Crecer a partir de una encuesta nacional realizada a 1,159 peruanos en diciembre de 2025, el 87% considera que la inversión en infraestructura genera empleo y el 85% cree que beneficia la economía nacional. Los resultados muestran que los ciudadanos reconocen el papel que pueden desempeñar los proyectos de inversión en la generación de oportunidades y el crecimiento de las regiones.

El hallazgo resulta particularmente relevante porque el debate público suele enfocarse en los riesgos asociados a las inversiones. Sin embargo, la encuesta sugiere que muchos peruanos también identifican costos cuando los proyectos se retrasan o no llegan a concretarse, especialmente en zonas donde persisten brechas de infraestructura, acceso a servicios y oportunidades económicas.

Al mismo tiempo, la población es clara en que el desarrollo no puede darse a cualquier costo. El estudio muestra una fuerte expectativa por contar con inversiones que operen bajo estándares ambientales rigurosos, mecanismos de transparencia y espacios de participación ciudadana que permitan supervisar sus impactos y fortalecer la confianza de las comunidades.

En ese contexto, el desafío para el Perú no consiste únicamente en atraer nuevas inversiones, sino en promover inversiones sostenibles capaces de generar crecimiento económico, proteger el entorno y contribuir al desarrollo de largo plazo. En un país con importantes desafíos regionales pendientes, el costo de la inacción puede ser tan significativo como los riesgos asociados a una inversión mal gestionada.

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