Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el control en los establecimientos penitenciarios del país, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de 17 internos provenientes de seis penales hacia los establecimientos penitenciarios de Ancón I, Cochamarca, Chincha, Juliaca y Cajamarca.

El operativo se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad y estuvo a cargo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, dirigidos por el director de Seguridad Penitenciaria, Henry García Malpartida, con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Los internos trasladados pertenecen a los regímenes cerrado especial de máxima seguridad y mediana seguridad. De acuerdo con información de inteligencia penitenciaria, habrían vulnerado el orden interno y promovido actividades ilícitas desde sus establecimientos de origen.

Entre ellos figuran Armando José Córdova Salzalejo y Maikel Yoel Rodríguez Pinto, sindicados como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Desa II”; Oscar Gianmarco Dextre Villavicencio, vinculado a “Los Mexicanos”, banda dedicada a la extorsión de transportistas en Lima Norte; y Freddy Eduardo Mayaute Canales, relacionado con “Los Trujillanos del Cono Sur”, que operaba en Villa María del Triunfo.

También figuran José Carlos Rodríguez Fernández, de “Los Amigos del Sur”, y Nilton Arturo Cruz Arce.

La medida fue dispuesta mediante seis resoluciones de la Dirección de Seguridad Penitenciaria (DISEPE), las cuales establecen que los internos presentan características de difícil readaptación y podrían afectar la seguridad, el orden y la convivencia pacífica dentro de los establecimientos penitenciarios.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el aislamiento preventivo de cinco internos del Establecimiento Penitenciario del Callao (ex Sarita Colonia), mientras se desarrollan las investigaciones por el hallazgo de un artefacto explosivo artesanal abandonado en la puerta principal del recinto penitenciario, junto a una nota dirigida a internos presuntamente involucrados en actos de extorsión.
El objeto sospechoso fue detectado por personal de seguridad del penal durante labores rutinarias de vigilancia. Consistía en una botella de plástico adherida con cinta a una pequeña caja de color negro, que contendría material explosivo artesanal acompañado de un mensaje escrito.
Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú. Personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar, acordonó la zona y ejecutó los procedimientos correspondientes para neutralizar el artefacto mediante una detonación controlada.
De acuerdo con las primeras evaluaciones, el objeto habría estado compuesto por un dispositivo electrónico con posible activación remota mediante un equipo celular.
Como medida preventiva, el INPE ordenó la requisa de celdas y la revisión corporal de los internos sentenciados Carlos Enrique Constantino Muñoz (homicidio calificado) y Carlos Alberto Gonzales Robleto (homicidio simple), del pabellón 6; así como de José Daniel Millones Huanini (homicidio simple), Enrique Alcides Peña Echevarría (tráfico ilícito de armas) y Marco Antonio Milla Ogosi (tentativa de robo agravado), del pabellón 3.
Asimismo, la institución penitenciaria inició las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades. De comprobarse alguna vinculación con los hechos, los internos podrían ser sancionados con medidas disciplinarias, entre ellas el traslado a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad.
El INPE informó además que se ha reforzado la seguridad externa del penal y que continúan las diligencias para esclarecer este hecho, adoptándose medidas preventivas destinadas a garantizar el orden y la seguridad del establecimiento penitenciario.

El Gobierno oficializará un Decreto de Urgencia con medidas extraordinarias para rescatar al sector arrocero nacional. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Felipe Meza, como vocero del Gobierno, tras liderar una mesa de trabajo con los gobernadores regionales de Piura, Lambayeque, Tumbes y los principales gremios de productores del país, articulada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Durante la jornada, los dirigentes agrarios expusieron las urgencias críticas que afrontan los valles productivos. Como respuesta inmediata, el titular del MIDAGRI informó que el decreto priorizará la compra directa de arroz a los agricultores para asegurar la colocación de sus cosechas a precios justos y proteger la economía familiar rural.

El ministro Meza informó que las compras de arroz serán por más de S/ 100 millones, además de S/ 50 millones para el mantenimiento de canales de riego y otras medidas en favor de los productores afectados.

Los representantes de los gremios arroceros saludaron la decisión política del Ejecutivo y señalaron que esperan se publique el Decreto de Urgencia y cumplan los acuerdos. Ambas partes acordaron instalar una comisión técnica para el seguimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.