El Gobierno peruano hizo oficial el envío de 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para atender a las familias damnificadas por el terrem0to.

Durante el proceso de embarque de los productos estuvo presente Keiko Fujimori, presidenta de la república.

El cargamento fue trasladado en un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La mandataria estuvo acompañada por el jefe del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el canciller Carlos Espá.

La ayuda humanitaria, gestionada a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), está conformada por alimentos de primera necesidad, carpas, ropa de abrigo, camas, colchones, mosquiteros, enseres, menaje y otros artículos esenciales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Los intervenidos son investigados por la presunta comisión de los delitos de secuestro y banda criminal

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo condujo jurídicamente la orden de allanamiento con fines de incautación de especies y detención preliminar judicial contra Shirly T. (29), Jhunior P. (33), Evelin C. (33) y Eudosia M. (52), por la presunta comisión de los delitos de secuestro, en agravio de una víctima con clave de reserva; y banda criminal, en agravio del Estado; en el distrito de Carabayllo.

Según el informe policial, en mayo de 2026, Shirly T. condujo al agraviado a un hotel de la asociación Los Jardines de Carabayllo, donde conversaron y libaron licor. En esas circunstancias, la investigada habría simulado ser víctima de abuso sexual, provocando que la víctima intente retirarse. No obstante, dos personas en proceso de identificación, quienes aparentaron ser efectivos policiales, redujeron y engrilletaron al agraviado cuando salía del establecimiento, para luego introducirlo contra su voluntad a una camioneta, conducida por Jhunior P. y copilotada por Shirly T.

Durante el trayecto, los supuestos policías negociaron la libertad de la víctima a cambio de transferir USD 11 299 a diversas cuentas bancarias, siendo una de sus titulares Evelin C., quien posteriormente transfirió S/ 8 700 a Jhunior P. a partir del perjuicio económico ocasionado. Asimismo, realizaron el pago de diferentes servicios por un monto de USD 578 para dejar ir a la víctima.

Días más tarde, el agraviado comenzó a recibir mensajes y llamadas de uno de los aparentes policías, a través de una línea que tiene como titular a Eudosia M., razón por cual denuncia el hecho.

De inmediato, el fiscal provincial Tulio Llatas Castro inició investigación preliminar y dispuso la realización de diversas diligencias, las cuales permitieron identificar a los investigados como presuntos responsables y miembros de la banda criminal ‘Los Cupidos del Terror’. Ante ello, el titular del Despacho solicitó y consiguió que se les dicte la orden de detención preliminar por siete días, el allanamiento de sus viviendas y el levantamiento de su secreto de comunicaciones y bancarios.

En la diligencia, el fiscal provincial Tulio Llatas y los fiscales adjuntos provinciales Juan Fiestas, Diana Gonzales y Zebastián Zegarra condujeron jurídicamente el registro de cuatro inmuebles ubicados en los distritos de Independencia, Puente Piedra y Santa Anita; así como la incautación de teléfonos, prendas de vestir, dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, dinero en efectivo (soles y dólares) y otras especies de interés.

Cabe destacar que el Ministerio Público realizará las diligencias complementarias con la División de Investigación de Secuestros de la PNP a fin de esclarecer la presunta participación de los detenidos en el hecho.

El despliegue territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en La Libertad fue el eje de una reciente visita de trabajo de su titular, Maritza Canales Martínez, quien llegó hasta la región para verificar el estado de los programas sociales y, sobre todo, para conocer de cerca el trabajo de monitoreo que el equipo local realiza con las familias en situación de vulnerabilidad.

Acompañada por el jefe de la Unidad Territorial de La Libertad, Norbil Medina Ortiz, la ministra recorrió distintos puntos de la región y constató cómo los programas sociales —entre ellos Juntos— mantienen un acompañamiento activo y preventivo a los hogares, especialmente aquellos ubicados en zonas con alto riesgo de desastres. Esta labor, que se sostiene en el día a día, cobra especial relevancia ante la proximidad de la temporada de lluvias y los eventuales efectos del Fenómeno El Niño Global.

Uno de los momentos más significativos del recorrido fue la visita al distrito de Laredo, donde la comitiva llegó hasta el hogar de Kateryne Pamela Garcia Lázaro, usuaria del programa Juntos. Allí, la ministra pudo conversar con ella sobre su situación familiar, las condiciones de su vivienda frente a posibles emergencias y, además, conocer su emprendimiento de peluquería, una iniciativa que ha logrado sostener gracias a la estabilidad que le brinda el incentivo monetario del programa. Este tipo de encuentros, más allá del componente técnico, permiten al sector dimensionar el impacto real de sus intervenciones en la vida cotidiana de las personas.

La visita también incluyó un acercamiento a las herramientas tecnológicas que el MIDIS viene implementando para fortalecer la prevención. En la quebrada San Carlos —una de las zonas de mayor exposición a movimientos en masa e inundaciones— la ministra supervisó el uso de drones y sistemas de información geográfica que permitirán cruzar datos del terreno con la ubicación exacta de los hogares afiliados. Esta información, que se está levantando como parte de una operación piloto en las quebradas San Carlos, El León y San Ildefonso, beneficiará a más de 900 usuarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo que residen en esas áreas.

Pero más allá de la tecnología, lo que la ministra pudo constatar en campo es el trabajo constante que Juntos realiza en el territorio: el monitoreo activo a través de madres líderes y gestores locales, las coordinaciones permanentes con las oficinas de enlace para conocer el estado de los servicios de salud y educación, y el reporte oportuno de información al COE MIDIS para garantizar que ninguna familia quede desatendida ante una emergencia.

En La Libertad, Juntos atiende a 54,857 hogares, lo que equivale a 110,477 usuarios, distribuidos en las 12 provincias y los 84 distritos de la región. Una población que, gracias a este despliegue territorial, cuenta con un respaldo que va más allá de la transferencia monetaria: tiene a un Estado que se acerca, que escucha y que se prepara para protegerlos.

Con esta visita, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ratifica su apuesta por una gestión preventiva, que articula el uso de nuevas tecnologías con el trabajo directo en el territorio, para proteger de manera oportuna a quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.