Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), alerta sobre el alto costo humano de la minería no legal en el Perú: una actividad por la que miles de peruanos son víctimas de violencia, explotación laboral, trata de personas, la negación total de garantías mínimas y control armado constante. Este marco de violencia no es un efecto colateral, la violación sistemática de derechos humanos es la base del modelo de negocio de la minería no legal, que le permite operar de forma rentable.

El informe, titulado «Violencia y vulneraciones de Derechos Humanos en contextos de Minería No Legal en el Perú», es el primero en profundizar en las consecuencias humanas de esta actividad, más allá de las cifras económicas y productivas habitualmente reportadas. Los hallazgos abarcan operaciones de minería ilegal, informal y con REINFO, evidenciando que la vulneración de derechos ocurre en todo el espectro de la minería no legal.
El crimen organizado controla el territorio; el Estado no
El estudio también revela que organizaciones criminales —desde bandas fragmentadas hasta estructuras organizadas con mayor capacidad de control— dominan las tres zonas de minería no legal que fueron analizadas: Pataz (La Libertad), La Rinconada (Puno) y Atico (Arequipa). Allí, la presencia policial y de autoridades estatales es casi inexistente, reducida a fiscalizaciones esporádicas sin continuidad. Las comunidades enfrentan carencias severas de servicios básicos y pobreza extrema, en un vacío que las mafias han ocupado por completo.
Las organizaciones criminales que controlan estos territorios extorsionan y cobran cupos a trabajadores, transportistas y comerciantes como parte central de su economía: se estima que 7 de cada 10 trabajadores recién llegados son extorsionados. Solo el último año, se han registrado entre 30 y 50 homicidios en estas zonas, crímenes que han quedado en la impunidad y que dejan ver la gravedad del problema.

El eslabón extractivo concentra el mayor daño humano 
Aunque las vulneraciones se presentan en toda la cadena de valor de la minería no legal, el estudio identifica que es en la etapa extractiva — que consiste en la explotación misma del mineral— donde se concentran las peores condiciones laborales, el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil. Es también ahí donde se registra la mayoría de las víctimas: miles de hombres, mujeres y niños forzados a trabajar en condiciones extremadamente peligrosas, sin contratos ni ninguna protección frente a accidentes. Muchos llegaron engañados con la promesa de una oportunidad de trabajo y terminaron sometidos al abuso y al terror. «La gran mayoría de los que van a estas zonas entran pobres y sale pobre y extorsionados», resume Nicolas Zevallos, uno de los autores del estudio, al describir el círculo de explotación que atrapa a quienes llegan buscando una oportunidad.
La magnitud humana, enclave por enclave
En los tres casos de estudio, las mafias someten a más de 49 mil personas a condiciones de explotación laboral, extorsión y trata: 30 mil en La Rinconada, 15 mil en Pataz y 4 mil en Atico, muchas de ellas migrantes de otras regiones y en situación de pobreza.
El estudio documentó también el uso sistemático de explotación sexual —identificó a más de 1,250 víctimas, mujeres captadas por engaño y varias de ellas menores de edad, concentradas principalmente en Pataz y La Rinconada— y la participación de cientos de niños de entre 11 y 18 años, obligados a realizar labores peligrosas en condiciones degradantes.
Estos tres casos, si bien son representativos, son solo una muestra de las alarmantes cifras de vulneración de los derechos humanos que se está viviendo en nuestro país producto de esta actividad no legal, que opera sin supervisión ni fiscalización.
Una economía ilícita que debe frenarse ya
La minería no legal ya representa casi la mitad del oro que exporta el país, con ingresos ilícitos estimados en más de 4,600 millones de dólares al año. En los últimos 15 años, el volumen exportado de oro de origen no legal se triplicó, acelerando la expansión de daños sociales y ambientales en al menos 22 regiones del país.
Frente a estos hallazgos, el estudio advierte que la respuesta no puede seguir postergándose: es urgente que el Estado llegue a estas zonas con soluciones concretas, establezca sanciones reales y cierre los mecanismos que hoy permiten que estas operaciones ilegales sigan creciendo. No se trata de un problema exclusivo de un sector, hablamos de un fenómeno presenten en casi todo el país, que crece a vista y paciencia de las autoridades quienes, con su negligencia se vuelven cómplices de estas severas afectaciones.
Sin presencia estatal sostenida —no solo fiscalizaciones esporádicas— la vulneración de derechos humanos seguirá siendo, como advierte el informe, el modelo de negocio de la minería no legal en el Perú.

El demandante cuestiona la actuación de dos juezas de familia y señala la existencia de entrevistas y peritajes psicológicos a los menores favorables a su custodia, mientras que la madre rechaza las imputaciones y defiende sus derechos parentales.

Una compleja disputa familiar que se ventila en el Poder Judicial de Trujillo ha escalado al ámbito de la denuncia pública porque presuntamente existiría dilación indebida, imparcialidad y falta de celeridad procesal. El conflicto, que involucra a tres menores de edad de 9, 13 y 15 años, se desarrolla en dos fueros judiciales en paralelo: un proceso por tenencia y custodia iniciado en el año 2018 (8 años de litigio con dos sentencias anuladas por la Sala Superior) y otro proceso por divorcio por causal que data del 2022 (4 años en trámite).

El padre de los menores, José Palacios Rodríguez, sostiene que el transcurso del tiempo y determinadas decisiones jurisdiccionales estarían afectando el principio del interés superior del niño, argumentando la existencia de demoras desproporcionadas y falta de imparcialidad en los despachos a cargo de las causas.

Cuestionamientos a las magistradas y resoluciones observadas por Sala Superior

En el ámbito procesal, la defensa del progenitor ha presentado recursos y quejas funcionales contra las juezas asignadas a ambos expedientes:

En el Proceso de tenencia (2018): Según la defensa de José Palacios, es tramitado en el despacho de la Dra. Doris Osorio, que expidió la primera con carácter de tenencia compartida y segunda sentencia por la misma Juez con carácter de Tenencia Exclusiva, fueron declaradas nulas por la Sala Superior; y al regresar el Expediente al Juzgado que la mencionada Juez había sido promovida a una Sala Superior, designándose en su lugar a la Juez Provisional Vanesa Alta Gracia Ávila Loyola. Y según los actuados expuestos por el denunciante, se emitió una resolución judicial sin haber valorado integralmente el caudal probatorio, ni los testimonios directos de los menores.

Se precisa que una de las principales razones por las que se anuló la primera sentencia fue porque la Juez no se había entrevistado con los menores; pero resulta que la Juez si había cumplido con citar a dichos menores por intermedio de su madre; pero, según la defensa de José Palacios, como la demandada conocía y conoce el deseo de su hijos sabía que iban a declarar que prefería vivir con su padre, no los llevó al Juzgado en las tres oportunidades que fue citada. Señala que la Juez la cito con apercibimiento de multa y no fue, luego la cito con apercibimiento de denunciarla por el delito desobediencia a la autoridad y tampoco fue, por lo que la Juez la habría denunciado por dicho delito.

Sobre este último proceso, la defensa de José Palacios señala que trascendió que una Sala Superior del Poder Judicial anuló y devolvió el expediente al juzgado de Ávila Loyola, ordenando que se emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado y sustentado respecto a la asignación de la tenencia que en su momento fue materia de apelación.

Proceso de divorcio (2022): A cargo de la jueza Silvia Zapata Obando. Palacios Rodríguez interpuso quejas, denuncias ante órganos de control y pedidos de recusación contra la magistrada, acusando presunta parcialidad y demoras injustificadas en la tramitación de los recursos interpuestos por su parte. El demandante cuestionó que la jueza no se haya apartado del conocimiento de la causa por decoro procesal.

Evaluaciones psicológicas y testimonios de los menores en el expediente

A diferencia de un proceso en fase preliminar, el expediente judicial ya contaría con entrevistas, peritajes y evaluaciones psicológicas oficiales practicadas a los tres menores de edad. Según los informes periciales citados por la defensa paterna, los menores habrían expresado de manera reiterada su voluntad de residir de forma permanente con el padre, explicando los motivos de esa preferencia y solicitando que el régimen de contacto con la madre se desarrolle bajo visitas periódicas.

El demandante remarca que estos elementos técnicos no habrían sido ponderados con la debida prioridad frente a medidas cautelares o retenciones económicas, señalando que actualmente cumple con una asignación judicial del 45% de sus ingresos mensuales en favor de la contraparte.

Denuncias por presunta violencia y entorno convivencial

El conflicto familiar también ha derivado en acusaciones de carácter penal y tutelar. Palacios formalizó una denuncia por presunta violencia psicológica contra su expareja, Sheila León Florián, aduciendo que se habría inducido a los menores a sustraer cabellos del peine de la actual pareja del demandante para la presunta realización de prácticas esotéricas (brujería). Según el testimonio de los mismos menores, en el inmueble materno se habrían hallado elementos asociados a estas prácticas, lo cual generaría perturbación emocional en los hijos.

Asimismo, el progenitor manifestó su preocupación respecto a la actual pareja conviviente de León Florián, quien en el pasado afrontó una investigación fiscal por presunto acoso sexual. Pese a que dicho caso concluyó con una resolución de archivamiento, no obstante que la denuncia de la agraviada detallaba la forma y circunstancias del hecho denunciado. En este punto, el demandante solicitó que las autoridades evalúen el entorno de convivencia en resguardo de las dos menores adolescentes.

Descargo de la madre y estado de las investigaciones

Por su parte, Sheila León Florián ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y orientadas a perjudicar su imagen ante los tribunales y la opinión pública. La progenitora manifestó que ejerce una maternidad responsable y que los señalamientos responden a una estrategia de confrontación continua por parte de su expareja.

Si bien León Florián reconoció públicamente que el padre cumple con sus obligaciones asistenciales, negó cualquier situación de riesgo o negligencia hacia sus hijos dentro de su hogar.

El caso continúa bajo evaluación en los órganos jurisdiccionales y de control interno del distrito judicial de La Libertad, donde se espera la emisión de las resoluciones de fondo que definan la situación legal de la custodia y el estado del vínculo matrimonial conforme a ley.

Fuente: Diario Uno

Una de las capturas más importantes se registró en la ciudad de Trujillo. Según información policial, mediante operativo de la DEPINCRI Este El Porvenir, se logró intervenir a Carlos Adelmo Marquina Chacón (23), alias «Chino Marquina» o «Coco», quien sería cabecilla de la banda criminal «Los Baturris NG».

Se trata de un sujeto presuntamente implicado en tentativa de homicidio y otros delitos graves, entre ellos: robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, agresión y desobediencia a la autoridad y receptación agravada. Además, disparaba armas en un lugar donde había niños y familias. También registraría un ingreso al penal de Chile.

Al ver a la Policía, huyó y arrojó un revólver cargado con 6 municiones. Pero, fue capturado minutos después. El hecho se habría registrado en un local ubicado en la cuadra 2 del jr. Colón, en el distrito El Porvenir, provincia de Trujillo.

Además, se intervino a tres personas que lo acompañaban: Anthony Slater Valle Murrugarra (23) alias «Chinoco», Víctor Rubén Ruiz Llerena (27) alias «Manotas» y Jairo Jersy Siccha Jesús (23) alias «Kalimba».

Entre los elementos incautados se encuentran: revólver cargado con 6 municiones (habría sido arrojado por «Chino Marquina» al huir), cacerina cargada con 10 municiones, hallada a centímetros de los detenidos, 4 municiones adicionales y 3 teléfonos celulares con líneas de coordinación delictiva.

Los intervenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.