El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, estuvo en Trujillo y visitó el primer establecimiento de Redes Integradas de Salud (RIS) del Perú, construido en el distrito de Moche, provincia de Trujillo. Se trata de una Obra por Impuestos ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad, con financiamiento de la empresa Ferreyros. Durante la visita, el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, advirtió que urge desburocratizar el sector y específicamente el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

“Muchos de los problemas que tiene a nivel nacional, porque el sector lo tiene usted, y acá en La Libertad, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, estamos encontrando soluciones. Usted tiene un elefante grande que es el Pronis, muy burocrático, bastante burocrático, y justamente para hacer realidad proyectos a través de este mecanismo urge conocimiento y capacidad para que esto fluya”, sostuvo el gerente Chumacero.

El titular de la cartera de Salud precisó, en tanto, que desde su gestión efectivamente han empezado a realizar cambios. Uno de ellos se ha dado en el Pronis. “Estamos haciendo cambios, hemos cambiado a la cabeza. Precisamente, el cargo de coordinador general del Pronis ahora ha recaído sobre David Miranda Herrera”, señaló.

“Nosotros estamos incentivando que hoy y mañana las Obras por Impuestos son la solución inmediata”, añadió el ministro de Salud, al destacar la importancia de este mecanismo para impulsar inversiones y contribuir al cierre de brechas en el sector.

La ciudad de Trujillo volvió a ser escenario de un hecho violento que deja una víctima mortal. Esta vez, se trata de Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de la provincia de Pataz, Segundo Armas Villalobos.

El hecho se registró en los exteriores del restaurante Fonseca, ubicado en la urbanización California. Vecinos del lugar escucharon disparos, aunque fue llevado de emergencia a una clínica cercana, no resistió al ataque.

En el lugar, se hallaron por lo menos 6 casquillos de bala. Las investigaciones para identificar a los responsables continúan. No se descarta que el hecho esté vinculado al sector minero.

Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), alerta sobre el alto costo humano de la minería no legal en el Perú: una actividad por la que miles de peruanos son víctimas de violencia, explotación laboral, trata de personas, la negación total de garantías mínimas y control armado constante. Este marco de violencia no es un efecto colateral, la violación sistemática de derechos humanos es la base del modelo de negocio de la minería no legal, que le permite operar de forma rentable.

El informe, titulado «Violencia y vulneraciones de Derechos Humanos en contextos de Minería No Legal en el Perú», es el primero en profundizar en las consecuencias humanas de esta actividad, más allá de las cifras económicas y productivas habitualmente reportadas. Los hallazgos abarcan operaciones de minería ilegal, informal y con REINFO, evidenciando que la vulneración de derechos ocurre en todo el espectro de la minería no legal.
El crimen organizado controla el territorio; el Estado no
El estudio también revela que organizaciones criminales —desde bandas fragmentadas hasta estructuras organizadas con mayor capacidad de control— dominan las tres zonas de minería no legal que fueron analizadas: Pataz (La Libertad), La Rinconada (Puno) y Atico (Arequipa). Allí, la presencia policial y de autoridades estatales es casi inexistente, reducida a fiscalizaciones esporádicas sin continuidad. Las comunidades enfrentan carencias severas de servicios básicos y pobreza extrema, en un vacío que las mafias han ocupado por completo.
Las organizaciones criminales que controlan estos territorios extorsionan y cobran cupos a trabajadores, transportistas y comerciantes como parte central de su economía: se estima que 7 de cada 10 trabajadores recién llegados son extorsionados. Solo el último año, se han registrado entre 30 y 50 homicidios en estas zonas, crímenes que han quedado en la impunidad y que dejan ver la gravedad del problema.

El eslabón extractivo concentra el mayor daño humano 
Aunque las vulneraciones se presentan en toda la cadena de valor de la minería no legal, el estudio identifica que es en la etapa extractiva — que consiste en la explotación misma del mineral— donde se concentran las peores condiciones laborales, el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil. Es también ahí donde se registra la mayoría de las víctimas: miles de hombres, mujeres y niños forzados a trabajar en condiciones extremadamente peligrosas, sin contratos ni ninguna protección frente a accidentes. Muchos llegaron engañados con la promesa de una oportunidad de trabajo y terminaron sometidos al abuso y al terror. «La gran mayoría de los que van a estas zonas entran pobres y sale pobre y extorsionados», resume Nicolas Zevallos, uno de los autores del estudio, al describir el círculo de explotación que atrapa a quienes llegan buscando una oportunidad.
La magnitud humana, enclave por enclave
En los tres casos de estudio, las mafias someten a más de 49 mil personas a condiciones de explotación laboral, extorsión y trata: 30 mil en La Rinconada, 15 mil en Pataz y 4 mil en Atico, muchas de ellas migrantes de otras regiones y en situación de pobreza.
El estudio documentó también el uso sistemático de explotación sexual —identificó a más de 1,250 víctimas, mujeres captadas por engaño y varias de ellas menores de edad, concentradas principalmente en Pataz y La Rinconada— y la participación de cientos de niños de entre 11 y 18 años, obligados a realizar labores peligrosas en condiciones degradantes.
Estos tres casos, si bien son representativos, son solo una muestra de las alarmantes cifras de vulneración de los derechos humanos que se está viviendo en nuestro país producto de esta actividad no legal, que opera sin supervisión ni fiscalización.
Una economía ilícita que debe frenarse ya
La minería no legal ya representa casi la mitad del oro que exporta el país, con ingresos ilícitos estimados en más de 4,600 millones de dólares al año. En los últimos 15 años, el volumen exportado de oro de origen no legal se triplicó, acelerando la expansión de daños sociales y ambientales en al menos 22 regiones del país.
Frente a estos hallazgos, el estudio advierte que la respuesta no puede seguir postergándose: es urgente que el Estado llegue a estas zonas con soluciones concretas, establezca sanciones reales y cierre los mecanismos que hoy permiten que estas operaciones ilegales sigan creciendo. No se trata de un problema exclusivo de un sector, hablamos de un fenómeno presenten en casi todo el país, que crece a vista y paciencia de las autoridades quienes, con su negligencia se vuelven cómplices de estas severas afectaciones.
Sin presencia estatal sostenida —no solo fiscalizaciones esporádicas— la vulneración de derechos humanos seguirá siendo, como advierte el informe, el modelo de negocio de la minería no legal en el Perú.