En setiembre pasado, durante el gobierno de Pedro Castillo, el Ministerio de Salud realizó una modificación del reglamento de la Ley de bancos de sangre en el Perú, mediante el DS N.°017-2022-SA, imponiendo un nuevo requisito que obliga a los bancos de sangre a tener una producción mínima para obtener su acreditación. Sin embargo, debido a la naturaleza actual del sistema de salud, este requisito es muy difícil de cumplir para la gran mayoría de bancos de sangre, principalmente los del sector público.

“Si el actual gobierno no modifica o deroga esta norma antes del 11 de setiembre en el que vence el plazo para que los bancos de sangre se adecúen a la nueva acreditación, se va a generar una grave crisis de salud pública con graves consecuencias para la atención de pacientes tanto del sistema público como privado para atender emergencias, cirugías y diversos procedimientos médicos a nivel nacional, impactando principalmente en las atenciones de emergencias donde se hace uso de una mayor cantidad de sangre, siendo las atenciones de emergencias de madres gestantes las más afectadas. Por ello, la tasa de muertes maternas se podría incrementar en el país”, señaló Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

Según Ramos, producto de esta norma “antitécnica”, de acuerdo con las propias cifras del Ministerio de Salud, de los 417 bancos de sangre que operan en el país, solo quedarían 166 que son los que han podido cumplir con la acreditación hasta fines de julio, de los cuáles un total de 113, es decir, casi el 70%, son privados. “Es completamente absurdo que el Gobierno dicte una norma que ni siquiera cumplen los propios establecimientos de salud del Estado. Estamos hablando de una reducción de más del 60% de los bancos de sangre del país, lo que es terriblemente grave”, señaló el directivo de la ACP.

Al interior de las regiones esta situación se agrava debido a la falta de disponibilidad de unidades de sangre, pues en muchas provincias no se cuenta con bancos de sangre tipo II, por lo que los hospitales deben conseguirla en las capitales de la región. “De la lista que el Minsa ha publicado, a la fecha en solo 10 regiones habría bancos que administran y producen sangre, es decir los de tipo II, con autorización para operar y ninguno de ellos es de la FFAA o PNP. Entonces cómo se piensa proveer de sangre al resto del país”, señaló Ramos de la ACP.

De acuerdo con cifras del propio Ministerio de Salud, en el caso del sector público, para los bancos que producen sangre y la administran (tipo II), y que son empleados principalmente por pacientes del SIS, la reducción sería del 75%. Con respecto al sector privado, el número de bancos de sangre tipo II, se verá reducido en un 90%, lo que hará que las clínicas privadas o centros especializados recurran a los pocos bancos de sangre tipo II que tengan acreditación, generando una mayor demanda que será difícil de cubrir.

Sobre los tipos de bancos de sangre en el Perú

Según la normativa, existen tres tipos de bancos de sangre; sin embargo, en Perú solo tenemos en funcionamiento bancos de sangre tipo I y tipo II. Los bancos de sangre Tipo I, brindan servicios de menor complejidad, cumplen la función de recepción, almacenamiento y transfusión de unidades de sangre provenientes del banco de sangre Tipo II. Por su parte, los de Tipo II son encargados de los servicios de mayor complejidad, realizan la extracción de sangre del donante; así como el tamizaje, control y transferencia de unidades de sangre. Los bancos de sangre tipo III aún no existen en el Perú y aún se encuentran en etapa de diseño y creación.

Hernán Ramos también señaló que la mencionada norma se ha establecido sobre la base de un modelo de gestión centralizada empleado en países desarrollados donde existen grandes hemocentros que proveen de sangre a los establecimientos médicos públicos y privados.

“En nuestro país esos hemocentros no existen, todavía están en fase de diseño, por lo que la aplicación de una norma de esta naturaleza, actualmente, es inviable” explicó. “La norma aprobada, en lugar de exigir estándares de calidad y seguridad, exige una cuota de producción de unidades de forma arbitraria sin que ello tenga una correlación con la calidad y seguridad de la sangre, añadió.

Según el directivo, los países que hoy tienen el modelo centralizado de administración de la sangre han pasado por un proceso de transición que ha durado entre 10 y 15 años. “Con este escenario, no va a ser posible atender la demanda adicional de tamizajes que solicitan tanto el sector privado como el público, sin que ello afecte la oportunidad de atención a todos los pacientes”, comentó Ramos de la ACP.

Pedido del gremio de salud

Para evitar esta crisis de salud pública en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) debe derogar o modificar el DS-017- 2022-SA, emitido por el gobierno anterior, ya que el 11 de setiembre vencería la postergación para la acreditación de los bancos de sangre. “Si hasta esa fecha no se hacen cambios, entonces el sistema de salud del país volverá a estar en una situación límite como en los años de la pandemia por Covid-19”, concluyó Ramos.