La minería ilegal en el Perú moviliza alrededor de US$12.000 millones, una cifra alarmante que continúa creciendo de la mano de redes de corrupción y lavado de activos. Así lo analizaron los abogados Wilder Teatino Ticlio y Godofredo García León, quienes coincidieron en que el avance de esta actividad ilícita pone en riesgo la institucionalidad del país y debilita la confianza ciudadana en las autoridades.

En este escenario, La Libertad —considerada la principal región productora de oro del país— enfrenta el desafío urgente de combatir las economías ilegales y fortalecer los mecanismos de control estatal. Para el abogado y docente universitario Wilder Teatino, la lucha contra la corrupción debe centrarse en sanciones efectivas y en la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente. “El Estado debe buscar mecanismos alternativos con la finalidad de reducir el índice criminal de corrupción de funcionarios. Lo que interesa es que las personas que se han beneficiado de la corrupción sean sancionadas de manera ejemplar con la devolución de los bienes afectados. Se tiene que resguardar el patrimonio estatal”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Godofredo García León explicó que el crimen organizado encuentra sustento en dos factores clave: el lavado de dinero y la corrupción. “Todo delito para perpetrarse necesita de lavado de dinero y, segundo, para generar impunidad necesita de la corrupción. Existe por malos elementos de la Policía, que entiendo no son todos; básicamente, el crimen se centra en un foco que le dé ingresos, luego poder, contactos e impunidad”, afirmó el especialista, al advertir sobre la infiltración de organizaciones criminales en distintas estructuras del Estado.

Las declaraciones de ambos juristas se producen en un contexto preocupante para el país. Según el más reciente reporte de Transparencia Internacional, el Perú descendió de 38 a 30 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) entre los años 2020 y 2025. Para Wilder Teatino, esta caída refleja el creciente nivel de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. “Básicamente la desconfianza se da por impunidad; estos elementos son los que están en el poder y, en algunos casos, capturan el Estado”, señaló.

En ese sentido, el Dr. Wilder Teatino destacó además la reciente publicación del abogado Godofredo García León titulada Delitos contra la administración pública, obra especializada dividida en tres capítulos fundamentales para comprender los principales delitos que afectan al Estado. La presentación del libro permitió reforzar la importancia de promover el análisis académico y jurídico como herramientas para enfrentar la corrupción y fortalecer la defensa del patrimonio público.

Personal de la DEPINCRI Chepén logró la intervención y detención inmediata de Sandy Marilyn Romero Quiroz (28), señalada como presunta responsable del delito de extorsión, habría amenazado de muerte a una ciudadana para exigirle dinero.

La víctima denunció que recibió un mensaje intimidatorio vía WhatsApp, desde el número 955052846, donde le exigían que “se aline” y entregue dinero, advirtiéndole que, de lo contrario, atentarían contra su vida.

Tras una rápida investigación y verificación de datos, los pesquisas determinaron que la titularidad de dicho número correspondía a Romero Quiroz. De inmediato, desplegaron un operativo que culminó en la cuadra 13 de la calle Triunfo, lugar donde fue capturada en flagrancia.

Al registro personal se le incautó una cartera con un celular marca ZTE modelo Blade A35E, su documento de identidad y el equipo utilizado para enviar las amenazas. La actuación policial fue puesta en conocimiento del Fiscal de Turno, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Chepén.

La detenida y las especies decomisadas fueron trasladadas a la sede de la DEPINCRI para continuar con las diligencias legales correspondientes.

Como parte de este proceso, Aunor retirará, desde el 18 de mayo, a los vigías que realizaban el control de tránsito en los puentes Santa y Coishco

Autopista del Norte, concesionaria de la Red Vial 4, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), suscribieron el pasado 7 de mayo el acta de reversión de los tramos urbanos ubicados entre los kilómetros 416 y 453 de la Panamericana Norte.

El proceso de reversión comprende desde el óvalo Vesique, en el ingreso sur de Chimbote (Áncash), hasta el centro poblado de Campo Nuevo, en Guadalupito, (La Libertad) y, que incluye las zonas urbanas de Nuevo Chimbote, Chimbote, Coishco y Santa.

Con esta firma, dichos tramos retornaron a la administración del MTC a quien, en adelante, le corresponderá asumir las competencias vinculadas a la operación y control de estos sectores.

En el marco de este acuerdo, Autopista del Norte retirará desde el lunes 18 de mayo a la 1:00 p.m., a los vigías que venían realizando el control de tránsito en los puentes Santa y Coishco, dejando solo la señalización preventiva.

Cabe recordar que, desde mayo del 2025, la concesionaria tomó la inciativa de restringir a un solo carril el tránsito en estos puentes, debido a que dichas estructuras, por su antigüedad, no se encontraban en condiciones óptimas para soportar el flujo vehicular en dos sentidos de manera simultánea.

La medida buscó preservar la seguridad de los usuarios y reducir el riesgo de afectación de estas infraestructuras, considerando el alto flujo vehicular local y nacional.

En ese sentido, Autopista del Norte exhorta a conductores, transportistas y vecinos a respetar las medidas y disposiciones que implemente la autoridad competente. Su cumplimiento será fundamental para proteger la integridad de las personas y evitar el deterioro acelerado de estas estructuras.