Autoridades de Huamachuco piden intervención de la Odecma para que inicie investigación por la resolución judicial que ordena el reconocimiento de un investigado por minería ilegal como autoridad en el caserío de Shiracmaca, en la provincia de Sánchez Carrión.
Huamachuco.
Autoridades que integran el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Sánchez Carrión (Coprosec) piden la intervención de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) tras el fallo emitido por el juez del Primer Juzgado Civil de Huamachuco que ordenó a la municipalidad de esta provincia andina reconocer al investigado por minería ilegal, Oswaldo Alva Polo, como agente municipal del caserío de Shiracmaca, ubicado en esta jurisdicción del ande de la región La Libertad.
Mediante un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial, los miembros de esta comisión, presidida por el alcalde provincial de Sánchez Carrión, Robert Contreras; autoridades locales y organizaciones de base, dieron a conocer su disconformidad con dicha resolución judicial, emitida por el juez Gerardo Mestanza García, al considerar que atenta contra la autonomía de la comuna edil. “Los miembros de la Coprosec consideran que la mencionada resolución atenta contra la autonomía de la Municipalidad de Sánchez Carrión”, señalan en el escrito.
Como se recuerda, el pastor Alva Polo interpuso una medida cautelar luego que el municipio rechazó nombrarlo como agente municipal de Shiracmaca (Huamachuco) por no cumplir con los requisitos que exigen los estatutos ediles. Mestanza García aceptó los argumentos de Alva Polo y declaró fundada la medida para sorpresa de todos. La disposición judicial fue darle un plazo de cinco días al burgomaestre, Robert Contreras, para que reconozca a Alva de manera provisional en el cargo.
En el documento, las autoridades también hacen hincapié que Alva Polo tiene un proceso administrativo interpuesto por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad por actividades de minería ilegal y para la paralización de su actividad minera dentro del referido caserío, lo que significa un conflicto de intereses.
Además, mencionan que la situación de Alva se agrava porque afronta una investigación ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Sánchez Carrión por el delito de homicidio culposo tras la muerte de cuatro mineros en el cerro El Toro en el 2019.
“La designación de Osvaldo Alva Polo como agente municipal le permitiría no hacer nada contra la minería ilegal y el tráfico ilícito de cianuro y dinamita. Como se sabe, un equipo especial de la PNP identificó que estos insumos utilizados por la minería ilegal ingresan desde Cajabamba y son almacenados en viviendas de Shiracmaca”, cuestionaron por su parte los pobladores.
Ante dicha situación, los integrantes de Coprosec solicitan a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), así como al Poder Judicial y a la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizar una profunda investigación al Primer Juzgado Civil de Huamachuco a fin de determinar qué razones o fundamentos llevaron al magistrado expedir un fallo. “Las autoridades de Coprosec representamos y exigimos una respuesta que reclaman los ciudadanos ante el fallo del Poder Judicial”, se lee en la misiva.
Este magistrado es el mismo que fue sacado a la fuerza de su despacho por los pobladores de Tayabamba en el 2017. En la plaza lo golpearon, le arrojaron agua helada y lo pasearon con carteles con mensajes agraviantes en su contra luego que decidiera declarar nulo un proceso electoral comunal.
El Coprosec lo integra el alcalde provincial y alcaldes distritales; el gerente regional de Energía y Minas de La Libertad, el representante de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, César Chirinos; el subprefecto de Huamachuco, fiscales provinciales; jefes policiales, rondas campesinas y juntas vecinales. Todos firmaron el pronunciamiento para dejar sin efecto la resolución de un juez que ignoraría lo que sucede en Shiracmaca.
Sanciones
Por otro lado, este miércoles Osvaldo Alva Polo y Jorge Espejo Moreno recibieron informes de la Gerencia Regional de Energía y Minas que incluye el cálculo de la multa por las infracciones que cometieron al seguir con sus actividades mineras en El Toro e incumplir las normas ambientales. Ambos deberán presentar sus descargos en un plazo de diez días hábiles.
La Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad obtuvo información que evidenciaba la realización de actividades de explotación y beneficio de minerales haciendo uso de cianuro y dinamita de manera ilegal. Las actas de verificación lo revelaron fehacientemente porque precisaron la existencia de actividades mineras en El Toro. Los involucrados fueron investigados por los delitos de contaminación ambiental en la modalidad de Minería Ilegal.
