Nacional
Hoy es un día crucial para miles de comerciantes de plástico
Hoy jueves el Pleno del Congreso de la República debatirá el proyecto de ley que pretende ampliar, por dos años, es decir hasta el año 2023, la entrada en vigencia de la prohibición del uso de envases de tecnopor (poliestireno expandido).
Se trata de una iniciativa legislativa que tiene no solamente un alto contenido económico, sino también social.
Y es que, solamente en el norte del país, se perderán directamente 150 mil puestos de trabajo sino se aprueba ese proyecto. Muchas pequeñas, medianas y grandes empresas ligadas a esta actividad económica tendrán que cerrar y dejar a muchas familias sin un ingreso, más aún en plena pandemia por el coronavirus. A ello hay que sumar a los emprendedores.
“Corremos el riesgo de tener más gente desocupada. Tenemos negocios -como el de los restaurantes-que aún no pueden invertir en un biodegradable pues resulta caro, ya que su costo es tres veces mayor al tecnopor”, afirmó Jaime Gonzales, representante de los comerciantes de empaques de Trujillo.
“En estos dos años se podría ver la forma en cómo dejar de usar el tecnopor y no de una manera drástica”, insistió.
Sólo en el perímetro del ex mercado Mayorista existen un promedio de 250 comerciantes vinculados al plástico y en La Hermelinda unos 600.
El Dato:
Miles de comerciantes que vendían envases de plásticos y de tecnopor se verán afectados a nivel nacional a causa de la Ley de Plástico N°30884 de un solo uso, que a partir de diciembre de este año prohíbe la reproducción y comercialización del mismo.
“El objetivo es contribuir con la reactivación económica de los micro y pequeños comerciantes y de los usuarios. Estos recipientes tienen mayor demanda, con la ‘nueva normalidad’, por la entrega de comida a domicilio. Además, la industria en el Perú solo está en la capacidad de reemplazar el 20% de los productos que quedarían prohibidos”, justifica el legislador de Fuerza Popular, Jorge Morante.
Espectáculos
Inspeccionan Estadio San Marcos antes de los conciertos de BTS
Fiscalía de Prevención del Delito verifica las condiciones de seguridad, aforo, cámaras de videovigilancia y montaje de escenario en el estadio San Marcos, previo a los conciertos de la banda surcoreana BTS programado para los días 7, 9 y 10 de octubre en Lima.
Como parte de las diligencias, se efectuó un recorrido in situ en la infraestructura, lo que abarcó una inspección técnica en la zona de tribuna sur, montaje de escenario 360 y el campo deportivo (que cuenta con un área superior a los 13 470 metros cuadrados).
El objetivo principal fue verificar la capacidad de resistencia de la estructura, la correcta distribución de los accesos e ingresos, los puntos estratégicos para personas con discapacidad y el despliegue del personal de seguridad para evitar así situaciones de peligro común. En reunión interinstitucional, el organizador del evento confirmó además que no se expenderán bebidas alcohólicas durante ninguna de las tres fechas de la presentación.
Adicionalmente, se comunicó que habrá 50 brigadistas y fiscalizadores en las zonas aledañas al recinto deportivo, en trabajo coordinado con la Región Policial Lima y la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de garantizar el orden público y la libre circulación en las vías de acceso y evacuación.
Estas acciones buscan prevenír ilícitos penales como estafa, coacción, disturbios, lesiones culposas, homicidio culposo, violencia contra la autoridad, entorpecimiento de los servicios públicos y suplantación de identidad. Por ello, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones para no adquirir entradas duplicadas o falsificadas, y se recordó que no estará permitido acampar ni la ocupación informal de la vía pública.
A la mesa de trabajo y recorrido dirigidos por el fiscal provincial asistieron representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la empresa promotora Bizarro Entertainment, la Dirección General de Gobierno Interior, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Fiscalía de Familia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Con este operativo preventivo en el recinto habilitado para un aforo total superior a las 52 000 personas, la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de los asistentes y velar por el cumplimiento del orden en eventos masivos.
Nacional
Mujer intenta ingresar celular a penal escondiéndolo en una biblia
Agentes de seguridad frustraron el ingreso de un teléfono celular que una visitante pretendía introducir oculto en el estuche de doble bolsillo de una Biblia al penal de Chiclayo.
Durante la revisión de las pertenencias de la visitante el personal penitenciario detectó un celular de color negro, oculto entre sus objetos personales. El equipo se encontraba encendido y tenía instalado un chip, por lo que fue inmediatamente incautado.
De acuerdo con el reporte institucional, la visitante acudía a visitar al interno Jefferson David Chafloque Gamarra, recluido en el pabellón 2 del régimen cerrado ordinario.
Tras el hallazgo, el hecho fue comunicado a la Policía Nacional del Perú, a través de la Sección de Seguridad Penitenciaria (SECSEPEN), para las diligencias e investigaciones correspondientes.
Nacional
Fiscalía reporta 165 detenidos durante despliegue por las Elecciones Regionales y Municipales 2026
El Ministerio Público reportó 165 personas detenidas en 28 distritos fiscales como parte del monitoreo realizado en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Esta información fue proporcionada por el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE).
Del total, 148 detenciones se produjeron el domingo 4 de octubre, día de los comicios, mientras que las restantes corresponden a intervenciones registradas los días 1, 3 y 5 de octubre.
Entre los presuntos delitos asociados a las detenciones, la suplantación de votante registra la mayor cantidad, con 59 personas detenidas. Le siguen la propaganda electoral en periodo prohibido, con 31 detenidos, y la publicidad ilegal del sentido del voto, con 27.
Asimismo, se registraron 9 detenidos por el presunto expendio de bebidas alcohólicas durante el periodo electoral, 8 por atentados contra el derecho de sufragio, 8 por inducción a no votar o hacerlo en determinado sentido, 7 por delitos contra el derecho de sufragio y 6 por presunto porte de armas durante el periodo electoral.
También figuran detenciones por presunta perturbación o impedimento del proceso electoral, coacción, impedimento del ejercicio del derecho de sufragio y resistencia o desobediencia a la autoridad.
Cusco, Áncash y Huánuco concentran más detenciones
Las intervenciones se registraron en 28 distritos fiscales. Cusco encabeza la lista con 18 detenidos, seguido de Áncash con 17 y Huánuco con 14. Ayacucho registra 12; Cajamarca, 10; Lima Sur, Ica, Huancavelica y Arequipa, 9 cada uno; Amazonas y Loreto, 7 cada uno.
También se reportaron detenciones en San Martín, Tacna, Junín, Sullana, Piura, Lima Centro, Madre de Dios, Lambayeque, Santa, Huaura, Cañete, Lima Este, Apurímac, La Libertad, Selva Central, Ucayali y Puno.
Es necesario destacar que alrededor de 7000 fiscales permanecieron en alerta permanente antes, durante y después de las elecciones. De acuerdo con la información sistematizada por la Oficina de Observatorio de Criminalidad, se realizaron 14 110 actuaciones preventivas a nivel nacional, de las cuales 5330 correspondieron al 4 de octubre.
Entre las principales acciones se verificó la distribución del material electoral, la ausencia de propaganda en los locales de votación, la instalación de mesas, el cumplimiento de la Ley Seca y la coordinación con los organismos del sistema electoral, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Como resultado de esta labor preventiva, los fiscales emitieron 2351 exhortaciones, 1535 recomendaciones y realizaron seis derivaciones.
Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección del derecho al sufragio y la voluntad popular, mediante una presencia fiscal permanente durante las distintas etapas del proceso electoral.
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