El Fenómeno El Niño comenzó en el Perú, manifestándose con el incremento de lluvias fuertes en la costa y la selva norte del país. Por ello, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú) alzó la voz para resaltar la importancia de abordar la informalidad en la construcción de viviendas como un elemento esencial para mitigar los riesgos ante este tipo de desastres naturales.

La edificación de viviendas sin la debida supervisión técnica y asesoría legal comprometen la seguridad y bienestar de comunidades enteras, especialmente durante eventos climáticos como el actual. La invasión de terrenos sin dotar de servicios básicos, ocupaciones de territorios en áreas de riesgo, y la utilización de materiales inadecuados o mal utilizados, son solo algunos de los ejemplos de esta problemática.

Según un reciente informe técnico del Senamhi, para los tres primeros meses del año 2024, se estima que 422,044 viviendas están con probabilidad de riesgo muy alto por movimientos de masa (huaicos, deslizamientos de tierra, volcamientos, avalanchas, etc), y 188,960 viviendas, con probabilidad de muy alto riesgo por inundaciones (cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos) debido a las lluvias, en un escenario de un Fenómeno El Niño con magnitud moderada como el que se viene proyectando hasta ahora.

«Estos momentos son cruciales para reflexionar y actuar ante la realidad que enfrentamos. La informalidad deber ser abordada en conjunto desde el sector público y privado, con la colaboración de la sociedad en general. Se deben priorizar la planificación de las ciudades y el ordenamiento del territorio en la transición del estadio rural al urbano, potenciar y masificar los programas de acceso a la vivienda formal y planificada, porque muchas de las familias que optan por la informalidad lo hacen al no tener opciones accesibles», señaló Antonio Amico, presidente de ADI Perú.

Según el informe del Senamhi, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad están entre las regiones con más número de personas vulnerables ante deslizamientos de masas e inundaciones.

Además, según datos oficiales, apenas el 13% de las autoridades municipales de los distritos en el país ha cumplido con la elaboración y aprobación de un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que les corresponde a los Municipios como función exclusiva y especifica según Ley Orgánica de Municipalidades, siendo muy importante también, el implementar las acciones y proyectos de inversión pública que en este documento se desarrollan para cada Región. Cabe señalar, que de acuerdo con lo establecido en los Reglamento de la Ley DUS, estos instrumentos de gestión de las ciudades son requerido por Ley para abril como plazo máximo. Esta cifra evidencia la brecha existente entre la normativa establecida y la situación actual en materia de ordenamiento territorial y ejecución de proyectos para mitigar los riesgos a los que nos enfrentamos actualmente.

«La responsabilidad primordial de la planificación recae en las autoridades municipalidades; sin embargo, enfrentan desafíos significativos debido a la carencia de personal técnico calificado para la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) exigidos por ley. Esta limitación obstaculiza el cumplimiento efectivo de normativas que garanticen una planificación adecuada, segura y acciones de mitigación de riesgos en beneficio de la población», indicó Antonio Amico.