La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Yenny Huacchillo Nuñez, acusó y pidió ocho años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang por los delitos de lesiones graves en agravio de Renato Murillo; y lesiones leves, en agravio de Benedicto Huaccachi.

Ello por las presuntas represiones policiales ocurridas durante las movilizaciones ciudadanas del 12 de diciembre de 2022, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. También se requirió para los acusados la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.

Según la acusación fiscal, Murillo recibió el disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza que lo dejó en estado de coma durante doce días; mientras que Huaccachi recibió el disparo de un proyectil similar a la altura de la pelvis. Por este hecho también fue acusado a siete años de cárcel efectiva el teniente PNP Luis Bazán como autor directo; mientras que se solicitó seis años de prisión para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita.

En el caso de lesiones leves en agravio de Benedicto Huaccachi, se pidió tres años de cárcel para el ST3 PNP Dino Tarrillo; y bajo la imputación de comisión por omisión, se solicitó dos años de cárcel para los efectivos policiales ST1 Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari. A este conjunto de agentes se les pidió también tres años y ocho meses de inhabilitación.

Para los acusados Víctor Zanabria y Frank Chang, cuyos presuntos delitos de lesiones graves y lesiones leves en la modalidad de comisión por omisión suman ocho años de cárcel, también se pidió una reparación civil de S/ 6000 para cada uno de ellos y el pago de S/30 000 al tercero civil responsable.

Este caso, además, se encuentra en etapa intermedia (control de acusación), por lo que se espera la pronta continuidad de esta fase en el Poder Judicial para sustentar las imputaciones respectivas en un eventual juicio oral.

Caso Víctor Santisteban

Cabe recordar que este despacho pidió, en octubre de 2025, 35 años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria, por el delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, primer fallecido durante las protestas registradas en Lima el 28 de enero de 2023.

De esta manera, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo ratifica su compromiso con el establecimiento de responsabilidades penales garantizando justicia y reparación para las víctimas en el marco de las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Caja Trujillo inaugura su nueva tienda en el distrito de San Sebastián, en la ciudad del Cusco, como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de los servicios financieros dirigidos a emprendedores, microempresarios y familias de la región.

“Esta nueva tienda en San Sebastián representa mucho más que una expansión física; es una muestra concreta de nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de Cusco. Queremos estar cada vez más cerca de los emprendedores, microempresarios y familias que impulsan el crecimiento de esta región, brindándoles soluciones financieras oportunas, seguras e innovadoras que les permitan alcanzar sus metas y mejorar su calidad de vida”, destacó el Dr. Luis Muñoz Díaz, presidente del Directorio de Caja Trujillo.

La ceremonia de inauguración se realizó este 10 de junio y contando con la presencia de la Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia Central Mancomunada y funcionarios de la entidad, quienes encabezaron el acto protocolar de apertura de esta moderna infraestructura ubicada en la avenida La Cultura con calle Sucre, a la altura del tercer paradero de San Sebastián.

La nueva sede ha sido diseñada para brindar una atención más eficiente, cómoda y accesible a los clientes, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios financieros orientados al crecimiento de los negocios locales y al bienestar económico de las familias cusqueñas.

Con esta apertura, Caja Trujillo reafirma su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo económico de la región, acercando alternativas de financiamiento, ahorro y servicios digitales que contribuyen al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas.

Durante la actividad se realizó el tradicional corte de cinta, un recorrido por las instalaciones y un espacio de atención para los representantes de los medios asistentes.

La puesta en funcionamiento de esta nueva sede representa un importante paso en el proceso de crecimiento institucional de Caja Trujillo y consolidando su presencia en una de las zonas de mayor dinamismo económico de la región Cusco.

Comisión de Gracias Presidenciales evaluará solicitudes de internos que cumplan con los requisitos establecidos por ley

Un total de 2,691 internos que cumplen condena por el delito de omisión de prestación de alimentos en establecimientos penitenciarios del país podrían acceder a la conmutación de la pena, siempre que hayan cancelado al menos el 70 % de la deuda alimentaria fijada en la sentencia condenatoria, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 010-2026-JUS.

La norma establece, de manera excepcional y temporal, supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales evalúe y recomiende la concesión de este beneficio a las personas privadas de libertad que cumplan con los requisitos establecidos.

La medida, orientada a contribuir con la reducción del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y será aplicable a los internos que se encuentren en el régimen cerrado ordinario, no registren más de una condena efectiva ni procesos penales pendientes.

Asimismo, los beneficiarios deberán haber cumplido con el pago mínimo del 70 % de la deuda alimentaria impuesta por los órganos jurisdiccionales competentes a favor de los alimentistas.

El decreto supremo tiene como finalidad promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante la recomendación de concesión de la conmutación de la pena para las personas privadas de libertad por el delito de omisión de prestación de alimentos, tipificado en el artículo 149 del Código Penal.

Las solicitudes de conmutación de pena iniciadas antes de la entrada en vigencia de la norma se adecuarán a sus disposiciones. Del mismo modo, las deudas alimentarias canceladas antes de la vigencia del decreto también podrán ser consideradas para la aplicación de este beneficio.

Cabe señalar que, entre enero y marzo del presente año, ingresaron a los establecimientos penitenciarios del país 1,196 personas sentenciadas por este delito, según información de la Unidad de Estadística del INPE.