Kaira, una Belgian Shepherd Malinois de cuatro años, integra el equipo de más de 40 bomberos voluntarios del Grupo Especializado USAR de los Bomberos Voluntarios del Perú que viajó a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los sismos.
Entrenada en la localización de personas atrapadas, su experiencia y extraordinario olfato serán fundamentales para fortalecer la misión humanitaria que el Perú lleva al país hermano.
El ministro del Interior, José Zapata, llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, para despedir al equipo de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas tras los sismos registrados.
La delegación está conformada bomberos del Grupo Especializado USAR Perú – Nivel Mediano, con más de 20 años de experiencia en operaciones de búsqueda y rescate. La misión es liderada por el brigadier Claudio Sáenz.

«El Perú se siente orgulloso de cada uno de ustedes. Vayan con la fuerza, cumplan con el deber y dejen en alto a nuestro pueblo del Perú. ¡Buen viaje, héroes! Que Dios los acompañe y que retornen sanos y salvos al término de la misión», expresó el ministro José Zapata.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela han dejado, hasta el momento, 920 fallecidos y más de 3 mil heridos, según cifras oficiales del gobierno venezolano.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho) consiguió que se dicte una condena de 35 años de prisión efectiva para Erick Moreno, alias ‘Monstruo’, por planificar y dirigir el secuestro de dos empresarios y sus familiares en el distrito de Comas. También se le ordenó el pago de S/ 91 400 como reparación civil a favor de los agraviados.

El fiscal provincial Porfirio Vladimiro Capcha Fuentes Rivera, a cargo del caso, demostró en juicio oral que los actos ilícitos se ejecutaron el 12 de marzo de 2020. Entonces, uno de los agraviados fue interceptado por Manuel Azpilcueta, Eduardo Torres y otros sujetos en proceso de identificación, quienes, vestidos con chalecos de la Policía, lo privaron de su libertad y llevado a un inmueble del distrito de Ancón, donde fue recibido y amenazado por Erick Moreno y Yen Atalaya.

Al día siguiente, el segundo empresario fue interceptado, cuando se dirigía a la avenida San Felipe, por un auto y sujetos vestidos con chalecos de la Policía. Los sujetos lo subieron violentamente al vehículo para secuestrarlo y posteriormente ser custodiado por Azpilcueta y Torres durante el traslado.

Cabe precisar que el hoy sentenciado, Erick Moreno, ordenó que los agraviados sean agredidos y grabados pidiendo la suma de hasta USD 300 000 para liberarlos. Por ello, la familia del primer empresario entregó, el 15 de marzo de 2020, parte del dinero en efectivo, los cuales acordaron dejar al interior de una caja en el puente El Tambo (distrito de Comas).

Sobre la base de estos hechos, en el que se logró el rescate de las víctimas por parte de la Policía Nacional y resultó fallecido el agente William Ríos, el Ministerio Público dispuso la realización de diligencias inmediatas, lo que permitió identificar a Moreno como el responsable de planificar y dirigir el secuestro de los empresarios. Posteriormente, el fiscal Porfirio Capcha solicitó y consiguió que dicten su captura a nivel internacional y sea extraditado al país para ser juzgado.

Entre los medios probatorios sustentados destacan las denuncias policiales, las actas de intervención policial y de registro del inmueble, la declaración de los empresarios, los efectivos intervinientes y testigos; así como los certificados médico legales, la visualización de las cámaras de seguridad y los teléfonos celulares de Azpilicueta, entre otros.

Cabe mencionar que también se consiguió que José P. sea sentenciado a 35 años de prisión efectiva; mientras que a Manuel Azpilicueta, Eduardo Torres, Yen Atalaya, Rosa E. y Anderson R. se les dictó una condena de 30 años de prisión efectiva por su participación en los hechos.

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada del Callao ejecutó la detención preliminar de 25 presuntos integrantes de «La red del silencio», la cual se dedicaría a la extorsión y cobro de cupos a empresas de transporte del Callao y Lima Norte.

La medida también incluye el allanamiento de 21 inmuebles en los distritos del Callao, Los Olivos, San Martín de Porres, Chorrillos, Surquillo y Puente Piedra, así como una celda del penal de Lurigancho.

De acuerdo con la investigación fiscal, esta organización criminal exigía pagos diarios entre S/ 10 y S/ 40 por unidad vehicular, llegando incluso hasta S/ 70 diarios.

También se les atribuye la participación en atentados contra vehículos, disparos contra conductores y otros actos de violencia destinados a reforzar el cobro de las cuotas extorsivas.